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27 de abril de 2018, 4:00 AM
27 de abril de 2018, 4:00 AM

En mayo de 2017 publiqué el artículo Confiscación solapada, con relación a un proyecto de ley de creación de empresas sociales que contenía más interrogantes preocupantes que posibles soluciones reales y efectivas. Hoy resurge el tema, con un texto en proceso de aprobación que casi no ha tenido modificaciones sustanciales con relación al proyecto anterior, por lo que las preocupaciones e interrogantes se retoman con fuerza porque es inminente su aprobación, a pesar de los tardíos reclamos de la empresa privada, que es la directa afectada.

El artículo 2 del proyecto de ley de creación de empresas sociales define a estas como las constituidas por los trabajadores activos de una empresa privada en proceso, en curso o finalizado, de quiebra, concurso o liquidación; cerrada o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, incursionando en el mismo mercado que la empresa original u otro similar, en defensa de sus fuentes de trabajo.

A diferencia de lo que ocurre en otros países es el Estado el que se preocupa de establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación y precautelar el funcionamiento de las empresas económicas para que mantengan las fuentes de trabajo. La ecuación es sencilla: el empresario crea empresas con fuentes de trabajo y genera ingresos al trabajador y, obviamente, procura recuperar la inversión realizada.

Las empresas pueden caer en cesación de pagos, insolvencia y en el consiguiente mecanismo forzoso de ingresar a una liquidación, concurso o quiebra, por muchos factores. Como ejemplo, uno de los principales factores que aprietan la vida económica de una empresa es la exigencia tributaria más allá de lo razonable y posible, generando situaciones de incumplimiento forzoso en las obligaciones que perjudican al empresario y a los trabajadores. Otros factores que afectan el funcionamiento y crecimiento empresarial, son las inauditas disposiciones legales de limitar exportaciones, con lo que se pierde mercados en el exterior, y así podríamos seguir detallando las piedras y obstáculos que el mismo Gobierno pone al funcionamiento económico empresarial.

Si una empresa entra en proceso de liquidación, concurso o quiebra, no es que lo haya buscado intencionalmente, es efecto de muchos factores. Y pensar que los trabajadores, precautelando sus fuentes de trabajo, pudieran crear sobre las cenizas de la empresa fallida una empresa social, que, por arte de birlibirloque, empezaría a producir, a funcionar y mantener los sueldos de los nuevos dueños, parece más cerca a la ilusión que a la realidad. 

Es un asunto muy delicado, con el agravante de que para retomar el funcionamiento normal de la empresa social, el Estado va a tener que entregar los fondos necesarios para su funcionamiento, desviando dineros públicos para actividades privadas que tampoco tendrán garantía de funcionamiento y de obtención de utilidades, se estaría causando expectativas falsas de corte político y ausencia de conceptos económicos y jurídicos mínimos indispensables que se requieran para que funcionen empresas con creación de fuentes de empleo. 

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