Opinión

¿Crecimiento infeliz?

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9 de septiembre de 2019, 4:00 AM
9 de septiembre de 2019, 4:00 AM

Más allá del ajetreo electoral, de las encuestas de popularidad, que aparecen una detrás de otra, entre más o menos sesgadas ¿Qué define nuestra época? ¿Cuál es su carácter y cuáles sus contornos? Recuerdo que algún escritor, al referirse a una época similar a la nuestra, la caracterizó como una situación de “crecimiento infeliz”. Definición que al parecer calza con la Bolivia de hoy.

Pero ¿qué quiere decir “crecimiento infeliz”? ¿De dónde brota el crecimiento y de dónde la infelicidad? La respuesta está en el desencuentro contemporáneo de dos aspectos capitales: la estabilidad y los precios de los comodities, por un lado, y el desarrollo democrático institucional, por el otro. El primero es el responsable de cierta satisfacción y el segundo explica la infelicidad.

Es sorprendente que, luego de 37 años de cierta estabilidad democrática, constatemos la escasa atención centrada en el desarrollo democrático institucional, lo cual no solo lleva a un claro estancamiento, sino a una acelerada descomposición. Es decir, sorprende que hayamos continuado en una vía que anticipaba la atrofia.

Hubo intentos y algunos avances traducidos, entre otros, en la municipalización del territorio nacional, en la Ley INRA, que obliga el cumplimiento de la Función Económica y Social de la tierra, la Ley Forestal, que incorporaba a indígenas, organizaciones populares y empresarios en la explotación sostenible de los bosques; la creación del Tribunal Constitucional, de las circunscripciones uninominales para la elección directa de diputados o la creación de la figura del Defensor del Pueblo y, en el último periodo de gobierno, la nueva Constitución Política del Estado con un amplio abanico de derechos.

Sin embargo, pese a ello, no hemos sido capaces de sacar al país de la inercia anti institucional, aun cuando era urgente hacerlo.

¿Por qué cultivamos de forma necia el desinterés por el Estado de derecho, las instituciones y la democracia? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar, por una parte, en la vieja cultura y práctica caudillista que marca nuestra historia republicana y, por la otra, porque nuestros líderes políticos, tecnocráticos y empresariales optaron por un proyecto de país que prioriza el crecimiento económico y menosprecia las preocupaciones de una agenda de desarrollo democrático institucional.

Si, pese a identificar la ausencia de institucionalidad democrática como el mayor déficit para el desarrollo, se insistió e insiste en priorizar de manera unilateral el crecimiento y estabilidad, nadie tiene derecho a poner cara de sorpresa ante la crisis de representatividad del Estado representativo de Bolivia, traducido en el rechazo a la política en cuanto a actividad humana, desconfianza de la política en cuanto a actividad científica, repugnancia de la política en cuanto a experiencia práctica: gobiernos, Parlamento, justicia y partidos.

Esto significa que nuestra cultura política esta embotada y gastada; los políticos enfrentados por el desprecio público y la ciudadanía, en la ciénaga de la desorientación histórica, perdidos los horizontes y las esperanzas particularmente de las generaciones jóvenes.

El país está definido por la distancia que media entre el éxito del crecimiento económico y el fracaso del desarrollo democrático institucional. Y el centro del debate y el centro de las propuestas deberían preocuparse por reducir la brecha entre uno y otro, pues sin una agenda de desarrollo democrático institucional que brinde prioridad a la institucionalización de las políticas públicas entendidas como el resultado de la articulación entre gobiernos y sociedad civil, a la construcción de un Estado de derecho y al respeto de la libertad por la vía del autogobierno, el crecimiento económico conseguido jamás nos llevaría por sí solo al desarrollo.

Es decir, podemos ser menos pobres, pero no necesariamente desarrollarnos.

El desafío está en recuperar la representatividad de la democracia representativa, desplegando la única bandera que une a todos y que a todos compromete: la moral pública.

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