Opinión

Crédito a las empresas públicas

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18 de agosto de 2020, 5:00 AM
18 de agosto de 2020, 5:00 AM

Germán Huanca Luna - economista, y exviceministro de Planificación Estratégica del Estado

Para nadie es extraño que en los últimos 14 años Bolivia ha vivido un retorno al estatismo. En Bolivia hubieron períodos donde a nombre de la promoción del sector privado se remataron los bienes del estado, de la misma forma, a nombre del pueblo se despilfarraron recursos del estado durante la época de mayor bonanza en materia de ingresos. En el periodo 2006-2019, a parte de los recursos destinados para la creación de las empresas públicas, el estado otorgó créditos a las empresas públicas para su “fortalecimiento”.

Las empresas públicas recibieron créditos del BCB y del FINPRO “Fondo para la Revolución Industrial Productiva”, creado mediante Ley N° 232, de 9 de abril de 2012 y administrado por el BDP, por un valor total de 9.742 millones de dólares. Hasta diciembre del 2019, el BCB aprobó un total de 8.576 millones de dólares en crédito para las empresas públicas, mientras que del FINPRO un total de 1.186 millones dólares, de esos motos aprobados, se desembolsaron un total 5,741 Millones de dólares del BCB y 955, millones de dólares del FINPRO, haciendo un total de 6.696 millones de dólares en las cuentas de las empresas públicas. De estos montos, devolvieron el crédito al BCB 640 millones de dólares y 110 millones de dólares a FINPRO, haciendo un total de 750 millones de dólares. Sin embargo, ¿Cuál es la magnitud de los estos recursos transferidos a las empresas públicas con relación a otros indicadores económicos? ¿Quién se hará cargo de las empresas públicas creadas sin plan de negocios, que nacieron deficitarias y continúan deficitarias?

La deuda externa pública de Bolivia, a diciembre del 2019, llegaba a 11,268 millones de dólares y las Reservas Internacionales Netas (RIN) 6.467 millones de dólares, de acuerdo a la información del BCB. Esto quiere decir que el gobierno de Evo Morales, a diciembre del 2019, aparte de heredarnos una deuda pública de 1.000 dólares por cada habitante de Bolivia, transfirió a las empresas públicas un equivalente al 60% de la deuda pública. El total de crédito a las empresas públicas es superior al saldo acumulado en las Reservas Internacionales Netas.

La inversión en las empresas públicas no sería cuestionable, si se lo hace en base a un plan nacional de inversión bien elaborado, con alta eficiencia técnica, con direcciones ejecutivas de alto nivel; sin embargo, el estado ha erogado recursos al calor del momento político. Por ejemplo, ¿Quién se hace cargo de la inversión realizada en la empresa azucarera EASBA sin la previsión de materia prima? ¿Quién se hace cargo por la pésima localización de las empresas de vidrio ENVIBOL o planta de fertilizantes BULO BULO? ¿Quién se responsabiliza por las pérdidas de las empresas públicas EMAPA, ENVIBOL, EBIH, ECEBOL, EASBA, EMK, YACANA y GESTORA que de manera consecutiva en los años 2016, 2017 y 2018 tuvieron cifras en rojo en sus estados financieros?.

Mucha tarea tiene el próximo gobierno: a) presentar un plan nacional para las empresas públicas, b) definir qué hacer con las empresas deficitarias y recuperar los recursos de las que fueron mal diseñadas, c) darles mayor autonomía de gestión, un control centralizado de los gastos a una empresa pública los hace poco competitivos, d) hacer una reingeniería de la institucionalidad de las empresas públicas, reubicando la instancia de fortalecimiento OFEP en un ministerio del área económica, sacándola del ministerio de la presidencia, e) revisar y proponer ajustes a la Ley 466 de la empresa pública, entre otros. Dejar a las empresas públicas solo con el piloto automático es camino al suicidio.

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