25 de abril de 2022, 4:00 AM
25 de abril de 2022, 4:00 AM


El 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Tierra. Curiosos y diferentes modos de celebraciones diversificaron los mensajes en defensa del maltrato humano a su medio ambiente y a la casa que nos cobija. Suele reiterarse que el extinguir los sistemas que nos sostienen contra nosotros mismos y las futuras generaciones, algo que cuesta hacer entender a los depredadores del planeta.

Se recuerda este día y otros en cada especialidad para: concienciar un problema, como termómetro para ver el interés del tema, para recordar la historia y rever los acontecimientos en procura de que no se vuelvan a repetir, para seguir investigando, incluso para celebrarlo como conquista, entre otros objetivos. En este caso los argumentos de las actividades del hombre por sobre la naturaleza abundan en mala praxis alterando incluso algunos sistemas sin posibilidades de reparación.

A pesar de que la Tierra tiene 4.500 millones de años con cambios de consideración, hoy aceleramos los procesos destructivos de forma alarmante. En Bolivia, por ejemplo, el cuidado de los parques nacionales y las áreas protegidas están siendo objeto de prácticas ilegales y dañinas en todas sus dimensiones.

Si bien creemos que nuestra Tierra es resiliente y tiene la habilidad de sanarse con el tiempo, ella seguirá incluso sin nosotros. Las actividades del narcotráfico y de la minería ilegal en estos preciados sitios están no solo destrozando el medio, sino también impidiendo que lo cuiden y lo conserven en beneficio de todos los habitantes del país. 

Un reportaje, ayer publicado por este medio, refiere a que al menos 190 activistas, ambientalistas, científicos y demás afines defensores de la madre tierra y el medio ambiente, son amenazados, perseguidos, amedrentados y agredidos física y sicológicamente para no cumplir con su rol, es más, para que no se acerquen a las áreas protegidas y mucho menos denunciar los atropellos que se cometen dentro de estos bosques sagrados.

Estos ataques causan un efecto inhibidor en quienes desempeñan la defensa de los derechos humanos. Entre las conclusiones del informe que fue elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) las agresiones caen en la impunidad y recorren un pedregoso camino que va desde la judicialización hasta la negativa de acceso a la información, dejando el derecho de quienes reclaman a tamaño ínfimo e inexistente. Otras denuncias alcanzan a comunidades indígenas que son “compradas” por el narcotráfico para desarrollar con libertad sus actividades delictuosas, en áreas protegidas, parques nacionales y reservas forestales. 

Las actividades extractivas, la minería ilegal y la aplicación de mercurio, por ejemplo, a como dé lugar, descontrola otra versión de los daños ecológicos, violando acuerdos y normativas internacionales donde Bolivia se erige en los escenarios internacionales como un país defensor a ultranza de la madre tierra.

La vulneración de derechos de ambientalistas en Bolivia se da sobre todo en regiones como La Paz, Oruro, Tarija y Santa Cruz. La permeabilidad y la vista gorda de la justicia se suman a la falta de voluntad política para reivindicar legalmente esta dramática situación. Hay daños irreparables, pero de seguir así el cáncer de estos flagelos avanzarán hacia un destino triste e inexorable. 

Que el próximo 22 de abril nadie se atreva a rasgarse las vestiduras sin haber intentado revertir esta patética situación que nos sucumbe y avergüenza.

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