Crisis de la carne y seguridad alimentaria
El anuncio de un paro indefinido por parte de los comercializadores de carne en Bolivia plantea un serio desafío para la economía de las familias, ya afectadas por la inflación en los productos de la canasta familiar. Este paro, que amenaza con generar desabastecimiento de carne de res, pollo y cerdo, pone en evidencia la fragilidad de la cadena productiva y las tensiones entre sus actores.
Los comercializadores acusan a los ganaderos de incrementar el precio del ganado en pie y, por ende, del kilo gancho, superando el techo de Bs 24,50 acordado con el Gobierno para algunas ciudades del país. Señalan aumentos de más del 40% y denuncian que las mejores carcasas se destinan a la exportación, dejando productos de menor calidad para el mercado local. Por esto, exigen al Gobierno medidas como la regulación de precios y la suspensión temporal de exportaciones.
Por su parte, los ganaderos argumentan que la crisis tiene causas más profundas: incendios forestales, sequías, desabastecimiento de diésel, encarecimiento de insumos en un 35% y bloqueos de carreteras. Estos factores han encarecido los costos de producción y dificultado el acceso a los alimentos. Algunos advierten que la inseguridad alimentaria ya no es una amenaza futura, sino una realidad actual.
El Gobierno, aunque ha sostenido reuniones con los sectores implicados, no ha logrado un consenso que permita abordar el problema de manera integral. Mientras tanto, los consumidores enfrentan precios desorbitados, con la carne de res de primera llegando a Bs 50 en Santa Cruz y Bs 70 en La Paz.
Las soluciones propuestas, como limitar exportaciones o regular precios, parecen ser paliativos que podrían tener efectos adversos. La prohibición de exportar implicaría la pérdida de mercados internacionales y una reducción de los ingresos en dólares, vitales para la economía nacional. Asimismo, la congelación de precios, aunque popular, tiende a desincentivar la producción, agravando la escasez a mediano plazo.
El problema radica en una crisis estructural que afecta no solo al sector ganadero, sino también a otros ámbitos de la economía. Políticas restrictivas y de control implementadas en los últimos años han desincentivado la inversión privada, exacerbando la situación actual.
Además, es necesario examinar el rol de los intermediarios en esta cadena. Así como el precio del ganado y del kilo gancho ha subido, sería relevante conocer los márgenes de ganancia que manejan los comercializadores. No todos los carniceros apoyan el paro promovido por sus instituciones matrices; algunos piden garantías para seguir abasteciendo al mercado, conscientes de que el paro afecta directamente a los consumidores.
El paro no debe prolongarse. Es fundamental que el Gobierno y los actores de la cadena productiva trabajen juntos con un enfoque técnico y estructurado para encontrar soluciones sostenibles.
Es momento de priorizar la seguridad alimentaria, proteger a los consumidores y garantizar que los precios de los productos básicos no sigan escalando descontroladamente. La estabilidad política, económica y social depende de lograr ese delicado equilibrio entre la oferta, la demanda y las necesidades de cada eslabón de la cadena productiva.
