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Crisis del sistema político y trivial danza de nombres

Daniel Valverde 11/12/2019 03:00

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Para nadie es desconocido que nuestro disfuncional sistema político arrastra problemas estructurales, marcados por la ausencia de verdaderas instituciones políticas (partidos políticos), un diseño político constitucional hiper presidencialista, exceso de corporativismo, improvisación política, y otros trastornos. 

Estas deficiencias derivan en recurrentes conductas autoritarias, excesiva concentración del poder, personalización de los problemas y soluciones del país, hasta afectar profundamente el funcionamiento y estabilidad del sistema político y su dinámica democrática.

El primer desplome del sistema de partidos políticos, posrestablecimiento de la democracia, se produjo el año 2003, como resultado de los excesos y prácticas displicentes bajo el molde de la llamada partidocracia. 

Posterior a estos eventos, el sistema político, ha seguido lineamientos similares a la de una “democracia sin partidos”, esto implica que existen pero no tienen vida orgánica, no proyectan liderazgos alternativos, no tienen democracia interna, no innovan, no difunden visiones alternativas y carecen de autocrítica en su funcionamiento, puesto que basan su legitimidad en figuras a las que se les pretende dar un carácter mesiánico. Se esconderá el sol, no saldrá la luna, y el león que ruge, son expresiones de esa cultura política y la fallas del sistema político.

Una estructura con estas condiciones, implica que los partidos políticos sean instancias ineficientes para resolver conflictos que afectan la gobernabilidad o estabilidad económica de un país. 

Además los que existen o los que aparecen como hongos en periodos electorales, provocan volatilidad electoral, huecos en el debate democrático que luego son suplantados por planteamientos extremos con figuras nada democráticas, sin trayectoria ni formación política, pero que generan expectativas en la sociedad debido a la baja cultura y formación democrática que históricamente se va acumulando, alimentadas por las propias deficiencias del sistema.

Ante la evidente disfuncionalidad del sistema de partidos, el gobierno saliente con el apoyo de los partidos con presencia en la actual asamblea legislativa plurinacional, aprobaron la denominada “Ley de Organizaciones Políticas”. Dicha norma, fue instrumentalizada para prolongar el “status quo”. Resultado de ello, presenciamos groserías como la de elecciones primarias sin contendores, asfixia a la participación de nuevos segmentos políticos, fundamentalmente jóvenes, legalización de asimetrías electorales, entre otros excesos que provocaron un nuevo colapso político.

En las últimas semanas, se estuvo hablando con mucha estridencia sobre nombres, pero nada sobre ideas, programas o propuestas. Claro esa es una tarea de los partidos cuando existen y actúan como instituciones. La discusión redundaba en torno en quien es más elocuente, carismático o financieramente solvente. Nadie se dio a la tarea de indagar, si entre estas personas existían mínimas coincidencias políticas o si comulgaban una similar visión de país. 

El resultado se resume de una salida catastrófica del gobierno anterior, a un desencanto también catastrófico, en un tiempo muy corto de los que parecían ser nuevos actores, acentuando más la incertidumbre por la ausencia de organizaciones políticas.

Al final, la causa es la misma desde hace más de dos décadas. La crisis política, está vinculada con la ausencia de instituciones políticas, tener partidos políticos con principios bien definidos, programas que sean un contrato de cumplimiento obligatorio con los votantes, democracia interna, generación y rotación de liderazgos es un tesoro que pocos países tienen, y cuando lo tienen funcionan de manera distinta, ejemplo de ello y casi único en la región es Uruguay.

En conclusión, es tiempo de enfrentar esta crisis vinculada con ausencia o imitaciones de organizaciones políticas, es la hora de iniciar el debate para un rediseño constitucional que suprima los excesos en el ejercicio del poder. Es el momento histórico de que las respuestas sean el fruto de nuestras expectativas democráticas, y no de nuestras malas experiencias y aún menos de la imposición de intereses particulares.