Opinión

Cuando el poder arrasa, la impunidad e injusticia indignan

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10 de agosto de 2020, 3:00 AM
10 de agosto de 2020, 3:00 AM

En el curso de la historia el mundo hostil era escenario, sobre todo, de superpoderes duros e inflexibles, hieráticos, amenazantes, de los aspirantes a la Roma imperial.

Los procesos de integración y la Comunidad de Naciones como la Unión Europea (UE), convirtió a Europa en la luz del constitucionalismo, con el cartabón de la Carta de Derechos fundamentales de la UE, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados de acuerdo al artículo 6 TUE, más allá de garantizar las libertades de reunión y de asociación en relación a la dignidad; son en definitiva derechos que permiten  la participación en el proceso político con fines democráticos.

América era distinta, una construcción no de infraestructura blanda, sino de principios libertarios, derechos fundamentales, valores democráticos, dotada de instrumentos por excelencia de persuasión a los problemas institucionales y temas electorales, donde la constante fue siempre el diálogo, el talento, las libertades en su más amplia dimensión y el Estado de derecho; obviamente con su prisa beligerante efímera, pero sin perder el norte del interés común en procesos regeneradores de democracia.

En Bolivia desde 1982 hasta el 2005 ante problemas político y sociales, existieron consensos generosos, recordemos la ruptura del mandato del expresidente Hernán Siles Suazo para salvar al país de la hiperinflación económica en la que también se advirtieron proyectos con súbitas retiradas de sectores que no miraban el futuro, como de acuerdos que a poco de firmarse, se derruían como un terrón de azúcar (1984) y, el episodio de octubre de 2003, que fue una convulsión trágica con víctimas del ejército y de la sociedad civil, son expedientes que aún merecen ser desempolvados en la justicia como levantadas las amnistías unilaterales para desentrañar la verdad jurídica.

Actualmente, a poco de cumplir cuatro meses y veinte días de la Declaratoria de cuarentena por la Pandemia de Covid-19, son días y noches inacabables de lucha sin cuartel contra el enemigo invisible, tan interminable como la recesión mundial e insuperable como la extrema pobreza. Ciertamente, que todos los países fueron súbitamente sorprendidos y cada uno optó por sus mejores estrategias políticas de prevención y de sanidad pública. Si se advirtió  precariedad en el sistema de salud, la diplomacia tendría que haber solicitado a los países que controlaron el Covid-19, la llegada de médicos epidemiólogos para planificar de manera más científica las tareas preventivas y de seguimiento.

Ahora, que tenemos 89.055 casos infectados y  3.587 fallecidos (9-07-2020), si se mantiene el contagio de más de 1.000 por día, la primera quincena de octubre estaremos probablemente con más de 150.000 infectados y nuestros muertos seguirán siendo recogidos de UTI, morgues y las calles; un drama que no puede desconcertarnos y perder nuestra esperanza con fe, valor y conciencia responsable.

En su esencia, el derecho de manifestación tiene su mecanismo de reclamo y es que la dirigencia debe buscar la acción de las autoridades públicas para encontrar respuestas a sus intenciones políticas, pero cuando estas pasan los límites de la Constitución, afectan bienes públicos, secuestran a personas, asaltan agresivamente y bloquean las carreteras con la única finalidad de impedir el paso de 500 camiones con  insumos para fabricar medicamentos, tubos de oxígeno y alimentos, sus derechos se agotan por el voltaje perverso y criminal; a cuya consecuencia los presidenciables del MAS-IPSP y la dirigencia sindical de la COB, Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba todos militantes y afines del Movimiento al Socialismo, en  siete días se han tomado la licencia salvaje de matar a 28 personas que precisaban oxígeno para sobrevivir y continúan poniendo en riesgo a 11 neonatos en el Hospital de la Mujer de La Paz, entre otros. La gravedad de los daños en vidas humanas e inseguridad, urge desbloquear las carreteras; si además, no existe un nivel científico oficial que acredite que no habrá muertos y más infectados con los conflictos en la fecha de las  elecciones (18-10-2020).

La consecuencia del MAS-IPSP y del huido autor intelectual de la criminalidad organizada, son responsables al atreverse estúpidamente a absorber, como una esponja, el oxígeno que corresponde a  casi 90.000  infectados (cargan con los muertos de La Paz y Oruro). Sólo personas desquiciadas pueden asumir la herencia del infame –el poder arrasa- aunque la impunidad e injusticia indignen, porque el cerebro que controla los poderes del Estado lo tienen los que con engaño ficcional se consideran en apariencia demócratas de una cultura del diálogo; por ello, violan derechos humanos y promueven luego diálogos paralelos sin ningún interés de ceder rumbo al fiasco, porque su objetivo en parte ya han logrado con la decisión del Tribunal Supremo Electoral que, en –manifiesta demora procesal electoral- y estando recusado el Presidente Salvador Romero, ilegalmente firma la Resolución TSE-JUR Nº 025/2020 emitida el 3 de agosto, en cuyo artículo primero determina: “Promover la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por el delegado político titular del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos (MAS-IPSP), cuestionando la constitucionalidad del parágrafo III del artículo 136 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, aplicando los efectos de esta acción a las denuncias interpuestas, con base a dicho artículo, contra las Alianzas Políticas “Creemos”, “JUNTOS” Y “Comunidad Ciudadana”.

En última instancia, cancelar la personería jurídica en base al art. 136.III de la Ley 026 del Régimen Electoral y jurisprudencia que por su claridad doctrinal  se constituye en una adecuada referencia para abordar la cuestión, legal e indiscutible que debería tomar el TSE, porque las diversas actuaciones que vinculan al partido político (MAS-IPSP), de forma mediata o inmediata con fines que contradicen los principios democráticos; por si fuera menos, vinculado además con la violencia terrorista y vulneración de Derechos Humanos, la –pérdida de personería jurídica se hace de imperiosa necesidad social-, proporcionada al fin legítimo perseguido e indispensable para el mantenimiento de la democracia, la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de las demás organizaciones políticas y en general de los electores y elegidos. Por tanto, es preciso extremar el rigor interpretativo de la norma, antes de promover el decantado perjuicio a la democracia que, acarrea responsabilidad penal.

El filósofo de Turín (Vattimo, Geanni, 2011:211) expresa: “Es muy difícil que una persona haga el recorrido de la democracia, sin preguntarse nunca por el sentido de la democracia”.

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