La imagen más dura de la crisis que atraviesa Bolivia no está en el Palacio de Gobierno ni en las conferencias de prensa. Está en los pies cansados de un hombre como Freddy Uchani.
Uchani, dirigente del Sindicato de Cisterneros, caminó más de 60 horas desde la frontera con Perú hasta La Paz después de pasar más de 40 días varado en las carreteras. Está lejos de su familia, lejos de su casa y con la esperanza de encontrar una respuesta para cientos de transportistas atrapados por un conflicto que nunca eligieron protagonizar.
En el camino durmió donde pudo, se refugió en precarias viviendas de paja, soportó el frío del altiplano y llegó a la sede de gobierno buscando ayuda. Lo que encontró fue algo que muchos bolivianos conocen demasiado bien: puertas cerradas, trámites y respuestas burocráticas -como las de quienes sus autos fueron afectados por la mala gasolina- incapaces de comprender el drama humano que existe detrás de los números. Sus lágrimas frente a un periodista no reflejaban únicamente su propio sufrimiento, sino el de un país que comienza a sentirse abandonado. Y esa realidad, nos guste o no, nos alcanza a todos
Porque aquí no se trata solamente de dinero, no se trata de unos cuantos viáticos o de quién asumirá los gastos. Se trata de empatía, se trata de entender que mientras las autoridades discuten responsabilidades y se enfrascan en su pugilato sin rumbo, hay personas que llevan semanas sobreviviendo.
La historia de Uchani es apenas una entre miles. Detrás de los bloqueos también existen pequeños empresarios que anunciar cerrar sus negocios, emprendedores que perdieron años de esfuerzo y trabajadores que fueron “vacacionados” o despedidos porque las cuentas ya no daban más. Son familias que ven cómo su derecho al trabajo, a la libre circulación y a desarrollar una actividad económica lícita queda atrapado entre disputas políticas que parecen no tener fin.
La indignación crece aún más cuando el ciudadano común observa que el país, por varios años, fue utilizado para trasladar 108 toneladas de droga ocultas en madera impregnada, mientras quienes producen, comercian o transportan legalmente hoy tienen dificultades para mover su mercadería de un departamento a otro. La sensación de injusticia es inevitable.
El propio ministro de Economía, Gabriel Espinoza, habló de una “devastación económica”. Las pérdidas en exportaciones bordean los mil millones de dólares y las proyecciones apuntan a una reducción del crecimiento económico. Pero para la mayoría de los bolivianos la crisis no se mide en indicadores macroeconómicos. Se mide en el mercado, cuando el salario ya no alcanza. Se mide en la mesa familiar, cuando cada semana cuesta más llenar la canasta básica.
La gente está cansada de los conflictos interminables, de las crisis recurrentes, de una pandemia que parece siguiera merodeando nuestras casas y de una política que parece incapaz de escuchar. Cada bloqueo, cada enfrentamiento y cada semana de incertidumbre dejan heridas, que nos llevara tiempo para levantarnos de nuevo.
Cuando un ciudadano tiene que caminar días para que alguien escuche su problema, o aún está inmovilizado, el fracaso no es solamente administrativo. Es también moral. Y reconstruir esa confianza perdida será, probablemente, el desafío más difícil que tendrá Bolivia en los próximos años.