Al momento de escribir esta columna, Bolivia cumplía 50 días de conflictos con bloqueos que mantienen paralizadas a las ciudades de La Paz y El Alto y han sumido al país en una crisis de consecuencias devastadoras, sobre la cual ya se ha escrito ampliamente.
Estrategas, periodistas y académicos coinciden en que, desde el inicio de su gestión, el Gobierno ha mostrado serias deficiencias en materia comunicacional. Esa debilidad se hizo aún más evidente durante la crisis: no construyó un relato coherente, dispersó sus vocerías, emitió mensajes tardíos, reactivos y, en muchos casos, contradictorios.
También guardó silencio en momentos cruciales, no actuó con suficiente transparencia, fue incapaz de identificar y explicar oportunamente quiénes estaban detrás de varios hechos delictivos y tampoco consiguió traducir decisiones complejas en mensajes claros y comprensibles.
En lugar de transmitir certidumbre, ofreció discursos extensos, desprovistos de una narrativa concreta. Como resultado, su comunicación no ayudó a contener la turbulencia política y social, sino que terminó agravándola.
Igualmente, grave fue su incapacidad para desmentir los rumores que circularon de manera insistente en las redes sociales y fueron repetidos por dirigentes y actores políticos. Ante la ausencia de información oficial oportuna, buena parte de la población quedó sin elementos para distinguir lo verdadero de lo falso y lo legítimo de lo malintencionado.
El Gobierno cometió, además, el error de no prestar especial atención a públicos esenciales, como los campesinos que habitan en El Alto y los vecinos de las laderas paceñas, sectores que debieron ocupar un lugar prioritario dentro de su estrategia de comunicación.
Es justo reconocer que, durante las últimas semanas, el Ejecutivo intentó posicionar, mediante piezas propagandísticas, un mensaje específico: que el conflicto había dejado de ser únicamente una protesta social y se había convertido en una amenaza de actores que buscaban afectar la democracia.
En ese mismo esfuerzo, procuró presentarse como un Gobierno protector de los sectores más vulnerables, capaz de gestionar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, incluso con apoyo internacional.
Sin embargo, hasta ahora no ha conseguido proyectar una salida real ni mostrar un camino claro para superar la crisis. Tampoco emitió mensajes firmes y contundentes para explicar las verdaderas causas del conflicto o las posibles soluciones frente a las tensiones con el Chapare, la Central Obrera Boliviana, los Túpac Katari, las Bartolinas y los cooperativistas mineros.
Han faltado discursos sólidos, expresados en un lenguaje sencillo, que permitan entender qué ocurre actualmente y, sobre todo, proyectar dónde estará Bolivia dentro de uno o dos años.
También se extrañó la presencia de voceros técnicos y expertos en distintas áreas, capaces de transmitir certezas, explicar las decisiones gubernamentales y ofrecer una perspectiva esperanzadora sobre el futuro del país.
Faltaron, además, los testimonios de ciudadanos resilientes que, pese a las dificultades, continúan luchando por conservar su trabajo, cuidar su salud y sostener a sus familias. Tampoco se escuchó a los pequeños y grandes empresarios que siguen perseverando en medio de un escenario verdaderamente dantesco.
¿Ha mostrado el Gobierno empatía? ¿Ha reconocido de manera suficiente el sufrimiento del ciudadano común? Hasta el momento, prácticamente nada.
Existe una ausencia evidente de campañas orientadas a inspirar, acompañar o generar esperanza. Poco se ha dicho sobre las familias afectadas, los pequeños empresarios, los adultos mayores o los productores rurales.
Frente a ciudadanos desencantados, sectores populares golpeados por la inflación, jóvenes angustiados por su futuro y regiones en las que el descontento económico crece cada día, la comunicación gubernamental no ha ofrecido respuestas convincentes.
Cuando no existe una visión de futuro, aumentan la ansiedad y la preocupación colectiva. Cuando el miedo se apodera de una sociedad, crece la desesperanza. En cambio, cuando se mantiene vivo el optimismo, también se sostiene la confianza en el largo plazo.
Ese es el camino que el Gobierno debe recorrer: recuperar la confianza ciudadana mediante una salida concreta, medible y emocionalmente convincente
Porque cuando un Gobierno deja de comunicar, no solo pierde la capacidad de explicar sus decisiones. También comienza a perder la capacidad de gobernar.