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8 de junio de 2018, 4:00 AM
8 de junio de 2018, 4:00 AM

Es una buena noticia que uno de los principales responsables de la defensa de Bolivia en el caso Quiborax salga a la palestra pública. En efecto, el actual ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, fue ministro responsable de la defensa de los intereses del Estado entre 2008 y 2009 y procurador general entre 2014 y 2017, es decir, un periodo muy importante del laudo arbitral entre Bolivia y Quiborax.

Tras una larga explicación sobre las condiciones adversas para el país en litigios amparados por los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI), que el Gobierno del presidente Morales ha denunciado, el exprocurador quiere hacerle entender al expresidente Carlos de Mesa las supuestas razones que justifican que quien es culpable de una mala defensa de los intereses del país sea el que endilgue a quien tomó una decisión correcta, delitos en contra de los intereses de la nación.

Empezaré por decir que el Dr. Arce debe eliminar las comillas del concepto de las acciones del Gobierno de Carlos de Mesa que, sin duda, fueron patrióticas. Esas fueron la nacionalización del total de la costra salina del salar de Uyuni mediante la Ley 2564 y la expulsión de una empresa con mayoría de capital chileno que, según las evidencias en que se basó la norma del decreto de revocatoria, incumplió leyes bolivianas y defraudó al Estado en un área que Mesa recuperó como reserva fiscal. 

Es cierto, las acciones del expresidente generaron un escenario para la demanda de la empresa chilena, igual que las nacionalizaciones del presidente Morales (quien las hizo por decreto, vulnerando el artículo 109, II de la CPE) generaron escenarios para sendas demandas de las empresas nacionalizadas que en todos los casos derivaron en compensaciones económicas millonarias, algunas favorables y otras desfavorables a Bolivia.

Sorprende que Héctor Arce haga distingos de categoría en torno a la reflexión o irreflexión de determinadas medidas a favor de los intereses de Bolivia. Más aún sorprende la curiosa distinción de valor que 
hace el Dr. Arce entre un decreto del expresidente Mesa y otro del expresidente Rodríguez. Siguiendo su razonamiento, ambas medidas generaron pruebas contrarias a Bolivia, pero en opinión de Arce, el DS de Mesa fue “jurídicamente incorrecto y poco reflexivo”, mien-tras que el DS de Rodríguez fue “sano y de buena fe”.

El exprocurador parece olvidar que ni en el peor de los escenarios en un arbitraje se puede justificar que el demandado pague más de cincuenta veces el valor de los bienes expropiados al demandante. El fondo de un arbitraje internacional tiene que ver con el supuesto daño económico sufrido por la empresa expulsada de un país vía revocatoria, caducidad, nulidad o nacionalización de sus concesiones. Y sabe perfectamente que en el proceso de arbitraje fue posible llegar a acuerdos razonables tanto para Bolivia como para Quiborax que, usando sus palabras, iniciativas “irreflexivas” de la Procuraduría condujeron a este desastroso resultado.

Si de verdad se busca el esclarecimiento de un proceso que se inició con una medida patriótica y terminó con los resultados que todos conocemos, es un imperativo para la Fiscalía General del Estado rechazar la proposición acusatoria y archivar obrados. Pero si opta por un camino de irracionalidad, debería hacer una investigación que incluya a los gobiernos de Carlos de Mesa, Eduardo Rodríguez y Evo Morales y, por supuesto, a ministros y procuradores generales del Estado que se hicieron cargo de una defensa que nos llevó al infierno.

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