Opinión

Cuarto de conversión

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14 de febrero de 2017, 4:00 AM
14 de febrero de 2017, 4:00 AM

Hasta que por fin los Demócratas, que defendieron a ultranza su estatuto autonómico, reconocieron su derrota en el campo legal y en un cuarto de conversión de 180 grados, que no deja dudas, admitieron haberse equivocado al insistir en su aprobación, a sabiendas de que fue redactado fuera de norma. Creyeron que sobre la base de un referéndum espurio verificada previamente la constitucionalidad de dicho estatuto quedaba garantizada automáticamente. Usaron al pueblo para meter de contrabando en el estatuto competencias que son exclusivas e indelegables del poder central, y eso fue razón suficiente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo mandara corregir por enésima vez.

Así lo reconoció la señora Katia Quiroga, presidenta de la Asamblea Legislativa, al anunciarle al pueblo, haciendo esfuerzos supremos para mitigar el impacto de la desagradable noticia (EL DEBER, 18/01/2017, p. A-6), que de los 62 artículos observados por el TCP únicamente podrán adecuar 50, mientras que 12 de ellos (sin aclarar que son los más sustanciales) serán definitivamente retirados debido a su adecuación imposible. Esto quiere decir que a los tecnócratas que participaron en su elaboración a la medida del interés político de los grupos dominantes, se les fue la mano, pensando que el sistema federal, encubierto en el estatuto, era factible implantarlo por decreto prefectural, subrepticiamente y con la complicidad del pueblo sorprendido en su buena fe.

De no haber mediado el control de constitucionalidad por parte del TCP, el grupo de autonomistas audaces se hubiera salido con la suya y, en este preciso momento, estuviéramos soportando a un gobernador investido de poderes absolutos como un monarca. Lamentablemente, para ellos, tales aspiraciones quedarán diluidas sin día fijo, porque la promesa de que tales competencias cercenadas serán “reivindicadas” en el futuro es otra blasfemia con la que tratan de consolar al pueblo, a fin de que asimile sin tanto trauma su frustración, ya que tendrá que conformarse con la autonomía escuálida plasmada en la Constitución y no con la panacea que utilizaron como ‘gancho’. Solo conocemos dos maneras de introducir el federalismo en Bolivia, y no en un solo departamento, como pretendieron quienes elaboraron el estatuto. La primera sería jurídica, en la que el ‘soberano’, como poder constituyente por excelencia, demande federalismo por medio de una convención nacional que incorpore el modelo en la nueva Constitución. Y la otra, conquistándolo de facto, y por medio de una acción revolucionaria que salte todo procedimiento burocrático.

Ítem más. La bandera federalista no es patrimonio de los cruceños, como se ha venido sosteniendo todos estos años, sino que fue enarbolada, prima facie, por los cochabambinos Lucas Mendoza de la Tapia y Nataniel Aguirre, en 1871 

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