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El balance es desalentador. Los cultivos de coca subieron un 45 por ciento e invadieron las áreas protegidas; no solo eso, también están a punto de cruzar los límites naturales que tiene Bolivia con Perú.

Ciertamente son datos muy preocupantes porque, al ser plantaciones ilegales que se destinan al narcotráfico, llevan a concluir que esta actividad ilícita gana terreno en el país, con las consecuencias de violencia que esto trae aparejado. Ha sido el mismo gobierno del MAS que, desde hace años, señala que la droga producida en Perú se refina en Bolivia y parte desde aquí a otros mercados internacionales.

En 2020 se han contabilizado 32.000 hectáreas que tienen plantaciones de coca, cuando la ley (estirada a capricho del MAS) solo permite 22.000 hectáreas, de las cuales 14.300 deben estar en los yungas de La Paz y 7.700 en Chapare. Ahora el cultivo se ha expandido a varios departamentos, entre los cuales está Santa Cruz y sus áreas protegidas, así como Pando (cerca de la frontera con el Vraem peruano, conocido como un territorio de producción de cocaína).

Ya no sorprende que, entre las excusas para justificar esta situación, el Gobierno dice que ocurrió durante el periodo de transición gubernamental, “cuando nos alejamos de un modelo exitoso”, según el presidente Luis Arce. Pero lo que el mandatario no recuerda o no dice es que en ese lapso los cocaleros del trópico de Cochabamba cerraron filas para impedir que ingresen fuerzas del orden. Ni siquiera dejaron que dos equipos de periodistas hagan un reportaje en la zona de Chapare, porque amenazaron con lincharlos.

Según el gobierno, la vía de erradicación es a través del control social, pero ese mismo control social -si fuera consciente del daño que el narcotráfico le hace al país- debió haber impedido la expansión de los cultivos excedentarios.

Ahora, Luis Arce asegura que va a erradicar 9.000 hectáreas ilegales este año y demandó la cooperación de los productores de coca. Obviamente, los datos también inquietan a la comunidad internacional. Ya el representante de la Onudc en Bolivia, Thierry Rostan, sostuvo que hay un aumento significativo y dejó ver que puede que 9.000 hectáreas erradicadas no sean suficientes.

Mientras esto ocurre en lo formal, el La Paz hay una batalla diaria entre cocaleros de yungas. Unos defienden la vigencia del mercado legal de la coca, ubicado en Villa Fátima, que no está bajo el control de gente afín al Movimiento Al Socialismo. En el otro lado, están los productores de la hoja, respaldados por el partido oficialista, que defienden un mercado que no es reconocido como legal, pero cuyo funcionamiento está avalado por la justicia (generalmente controlada por el gobierno).

Parece un contrasentido o la guerra de las palomas contra las escopetas, pero es un reflejo de cómo se aborda la lucha contra la cadena productiva de la droga en el país.

No hay que olvidar que los dos principales dirigentes de los cocaleros de Chapare son parlamentarios, uno de ellos es el tercer hombre del país; mientras que el presidente del MAS se mantiene como líder máximo de este sector y se apoya en los productores de la hoja chapareña como su cuartel general y una de las principales instancias de toma de decisiones de este partido (de ahí salió la instrucción de cercar las ciudades en octubre de 2019).

El gobierno debe tomar en serio esta realidad porque el problema del narcotráfico puede írsele de las manos, dejando saldos funestos como los que se ve en otros países. Por ahora, el panorama es más que desalentador.



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