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En la recta final del proceso electoral con miras a los comicios subnacionales del 7 de marzo, el país observa con preocupación la diligente intervención de un nuevo actor electoral que amenaza a candidatos de la oposición con perspectivas ganadoras: es el brazo político de la justicia controlado por el poder político en función de Gobierno.

A esa sensación de abuso y desprotección contribuyó en las últimas horas un polémico fallo ‘por unanimidad’ del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inhabilitó al candidato Manfred Reyes Villa en su postulación a la Alcaldía de Cochabamba con el argumento de que el TSE no fue informado formalmente que el acusado con un pliego de cargo, en este caso Reyes Villa, pagó su deuda con el Estado. La prensa boliviana informó abundantemente del pago de Bs 2,3 millones, en cumplimiento de un fallo de la justicia, pero el TSE no se enteró.

El TSE, que hasta aquí aparecía como el único órgano del Estado que no daba señales de estar controlado por el Gobierno, acaba de infringirse un daño irreparable a su credibilidad y confiabilidad a solo una semana de la realización de las elecciones, por el carácter pueril de su argumentación, nada menos que contra el candidato previsiblemente ganador a quien el MAS quiere destruir a toda costa. Esa pérdida de confianza y el desprestigio alcanza a todos sus vocales, incluido su presidente, Salvador Romero Ballivián, porque el fallo fue aprobado por unanimidad.

Incluso los más férreos defensores del TSE, como el expresidente y excandidato Carlos Mesa, arremetió contra el Tribunal por la inhabilitación de Reyes Villa, con una severa sentencia: ‘Lamentablemente el TSE actúa como funcional al Gobierno. Así no habrá elecciones creíbles’, escribió Mesa al criticar que la inhabilitación del candidato de Cochabamba es un complot electoral del MAS, que usa el martillo de la justicia para destruir a sus adversarios ‘con la complicidad del TSJ y el TCP’.

De la justicia ya nada sorprende; en este caso actuó como un actor político más en la carrera electoral por influencia del Gobierno del MAS, desempolvando un caso que tenía olvidado por 15 años y que resolvió con celeridad en los mismos días de una elección en la que Reyes Villa tiene, en las encuestas, el 56 por ciento de la preferencia electoral frente al 20 por ciento del candidato del MAS.

En 2006, cuando era prefecto, Reyes Villa compró seis vagonetas de lujo que no estaban incluidas en el presupuesto departamental. Sin embargo, los vehículos se utilizaron estos años, y de hecho durante la gestión del gobernador del MAS en Cochabamba Iván Canelas, uno de esos vehículos fue a parar a manos de la familia de Noemí Meneses, entonces pareja de Evo Morales, aparentemente en calidad de regalo o préstamo, porque era conducido por un chofer con ítem de la Gobernación.

Es tan llamativo el caso, que ahora ese vehículo usado por la joven novia y su familia, junto a las cinco otras vagonetas que empleó la Gobernación de Cochabamba, deben ser entregadas a Reyes Villa, quien además tendría el derecho de reclamar al gobierno departamental el pago de alquileres por su uso durante 15 años.

El de Reyes Villa no es el único caso de acoso judicial contra candidatos de oposición que en las encuestas derrotan a los del MAS; hay varios otros que tristemente muestran no solo un sistema judicial fétido, sino un Gobierno y un partido, el MAS, que ponen seriamente en duda su vocación democrática y el respeto a la voluntad popular, esa que a ellos les sirve una y otra vez para acceder al poder; pero se pasan por encima cuando el voto favorece a candidatos de otros partidos.



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