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Hace un “poquingo” más de 20 años, Santa Cruz se sorprendía a sí misma y al país, al ver sus calles inundadas por marchas espontáneas, de personas autonconvocadas que protestaban por turbios manejos de Cotas, la cooperativa telefónica regional. Este año, en que se ha descubierto una cadena de fraudes, malversaciones, tapaderas y encubrimientos que, en principio, sumarían unos Bs 55 millones, es decir, más de $us 7,7 millones, la ciudadanía cruceña parece petrificada por las revelaciones que se amontonan con el paso de los días.

El daño no solo se refiere a la capacidad de maquinación y acción impune y prolongada de ejecutivos de la compañía, que acumularon por largos meses una cantidad no totalmente esclarecida de recursos (se ha mencionado que ascendería a casi $us 10 millones), sino a que, como resultado de las investigaciones, se ha detectado el pago de inverosímiles salarios para eternos sindicalistas, que no trabajan hace varias décadas.

Lo de COTAS, en todo caso, no es algo exclusivo de Santa Cruz, sino que es casi la regla en buena parte de las cooperativas telefónicas y de otros servicios públicos, donde, al amparo de la indiferencia y la desinformación de “los socios”, que somos gran parte de la población, se verifican periódicamente saqueos y estafas, tramados por gerentes que se asocian con dirigentes sindicales y algunos funcionarios.

El caso cruceño destaca, sin embargo, porque desde que se movilizó el Comité de socios de Cotas hasta hoy, esta ciudad -hoy la más grande del país y cuya área metropolitana albergará a un tercio de la población total del país, para el año 2032, según las proyecciones demográficas- se ha convertido en una urbe caracterizada por el nacimiento y multiplicación de gran variedad de expresiones movilizadas de la sociedad civil.

La Paz es la ciudad que tiene la mayor cantidad de protestas callejeras, protagonizadas habitualmente por actores tradicionales, mientras en la capital oriental sobresalen las iniciativas de carácter más espontáneo y con motivaciones menos corrientes (ambientales, por ejemplo). En este gran crisol, donde hoy se funden presencias, experiencias e influencias de todo el país, las mujeres y los jóvenes han mostrado un creciente impulso para participar y hacer escuchar su voz.

La estupefacción colectiva, ante el conocimiento del atraco masivo que significan los fraudes y enjuagues turbios de Cotas, está a contramano de la agilidad, rapidez y creatividad con que nuevos actores sociales han estado participando en las luchas por el respeto a la Constitución y a la soberanía popular, alevosamente atropelladas por los gobernantes.

Este contraste, deja ver cuán necesario es tener la capacidad de articular todas las formas de participación ciudadana, desde las reivindicaciones más próximas y locales a la supervisión y control de ese gran monstruo que anida en las entrañas del poder estatal.

Ya no hay duda que, aquí como en todo el planeta, las actividades ilícitas de los políticos profesionales y el enquistamiento de burocracias en sindicatos y organizaciones sociales, solo pueden contrarrestarse con la vigilancia y la respuesta de una sociedad civil organizada, tal como lo deja abierto nuestra Constitución, al haber consagrado esa participación y el control social como piezas decisivas y sello de nuestra democracia.