Bolivia no enfrenta únicamente un problema económico. Enfrenta algo más profundo y más difícil de corregir: una fractura social que, con los años, se ha normalizado.
Hoy el país vive tensiones regionales, políticas y sociales que, en muchos casos, ya no responden a causas concretas, sino a una lógica de confrontación instalada. Bolivianos enfrentados con bolivianos, no por proyectos de país, sino por identidades, relatos y lealtades. Una dinámica que recuerda, peligrosamente, conflictos donde la división se vuelve permanente, incluso cuando ya no hay razones que la sostengan.
En ese contexto, el gobierno actual no solo hereda un modelo económico agotado. Hereda también un clima social fragmentado, donde cualquier decisión relevante encuentra resistencia no solo técnica o política, sino emocional.
Pero la realidad económica no espera.
La caída en la producción de gas, la disminución de ingresos externos y la presión creciente sobre el sistema de subsidios han colocado al país en una situación que exige acción. No diagnósticos. No discursos. Decisiones.
Los próximos doce meses serán determinantes.
Primero, es imprescindible ordenar el sector energético. Esto requiere una auditoría independiente, transparencia total y una reestructuración técnica de YPFB que devuelva capacidad operativa y credibilidad.
Segundo, el esquema de subsidios debe ser revisado de manera gradual y responsable. Sostenerlo en su forma actual no es viable. Pero ajustarlo sin estrategia puede agravar la tensión social. La clave es hacerlo con claridad, gradualidad y compensación focalizada.
Tercero, Bolivia necesita reconstruir condiciones para la inversión. Sin seguridad jurídica ni reglas claras, no habrá reposición de reservas ni diversificación económica posible.
Cuarto, es urgente recuperar la capacidad de decisión del Estado. Un gobierno que no logra implementar medidas, cualquiera sea su orientación, termina administrando la inercia.
Pero hay un quinto punto, menos visible y más complejo: Bolivia necesita empezar a desactivar su lógica de confrontación interna. Sin un mínimo de cohesión social, ninguna reforma estructural será sostenible. No se trata de negar diferencias. Se trata de evitar que esas diferencias sigan siendo el eje del funcionamiento del país.
Bolivia aún tiene oportunidades. Pero el margen se reduce. El desafío no es menor. No es ideológico. Es estructural y social al mismo tiempo. Y el tiempo para enfrentarlo ya comenzó.
(*) Martha Jenny Hollweg Salvatierra es periodista