Opinión

Defensor e intervención en Achacachi

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19 de septiembre de 2017, 4:00 AM
19 de septiembre de 2017, 4:00 AM

Tras varias semanas de conflicto, el Gobierno ha resuelto desbloquear por la fuerza la doble vía hacia Copacabana, que permanecía interrumpida por la protesta de indígenas disidentes que reclaman la salida del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos (MAS), acusado de corrupción.

De esta forma, se aleja el diálogo en una zona con un alto nivel de conflictividad y donde se ha hecho evidente la deficiente y polémica acción del defensor del pueblo, David Tezanos, para calmar las aguas y evitar los enfrentamientos.

La creación del Defensor del Pueblo ha sido uno de los logros más importantes para la consolidación de la democracia en Bolivia. La prevalencia de abusos del Estado contra los ciudadanos, especialmente aquellos que protestan por sus derechos, llevó a establecer, desde 1998, una institución clave para la protección de quienes están –de hecho– en desventaja frente a la acción de las fuerzas estatales.

La falta de independencia respecto de los conflictos es la primera observación que ha recibido Tezanos. Un informe publicado por este medio muestra que el funcionario se puso del lado del oficialismo en cuatro conflictos graves. Desde diversos ámbitos, se observó la actuación de Tezanos en las protestas de las personas con discapacidad, de las manifestaciones de los médicos, el caso de Rodolfo Illanes y, ahora, el estallido social ocurrido en Achacachi que viene complicando al Gobierno del presidente Evo Morales. 

El anuncio por parte de Tezanos del supuesto secuestro del dirigente indígena Modesto Clares, de la organización aimara ponchos rojos, y su sugerencia de una intervención policial en la zona terminaron de complicar su situación. 

El defensor asegura que la familia de Clares había denunciado el hecho; sin embargo, horas después el propio dirigente aseguró que nunca se produjo tal secuestro. La tensa situación desatada en Achacachi puede producir más violencia y no tener cuidado en este tipo de denuncias no hace más que alimentar las sospechas de que Tezanos pudiera estar trabajando con cierto sesgo político.

Volver a los orígenes de la institución, aquellos que defendió la reconocida periodista Ana María Romero de Campero, primera defensor del pueblo del país parece ser el único camino para recuperar la credibilidad de una entidad clave para defender los derechos de aquellos que protestan por sus derechos, sea el Gobierno que sea el que esté al frente de Palacio Quemado.

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