Hugo Vaca Pereira Rocha | Economista
El 29 de agosto de 1985, Víctor Paz Estenssoro se dirigió al país en medio del caos económico. Reconoció que Bolivia estaba al borde del colapso: un déficit fiscal inmanejable, una hiperinflación que pulverizaba salarios y ahorros, y un desorden económico sin precedentes. Para ilustrar el absurdo de la situación, relató que en 1984 el Estado gastó 29 millones de dólares en importar billetes cuyo valor real —por la inflación— era menor que el del papel en que estaban impresos. Su conclusión fue tajante: no bastaban medidas graduales, era indispensable un plan de estabilización global.
Ese plan fue el Decreto Supremo 21060. Lo que se hizo bien fue detener la hiperinflación. Végh (2022) lo califica como un caso clásico de estabilización ortodoxa con ancla monetaria: una contracción drástica de la oferta de dinero rompió la inercia inflacionaria. En menos de dos años, la inflación cayó a dos dígitos; en menos de una década, a un solo dígito. Kehoe, Machicado y Peres-Cajías (2018) destacan que el éxito no fue solo monetario: el Banco Central dejó de financiar al Tesoro, se unificó el mercado cambiario con el Bolsín, se eliminaron subsidios y se controló rigurosamente la base monetaria. Esa estabilidad devolvió confianza y abrió espacio para poder pensar en crecimiento.
Lo que no se hizo fue acompañar esa estabilización con una agenda sostenida de aumento de productividad. Según Machicado (2018), en la fase de “recuperación y crecimiento” (1987–1998), el PIB por trabajador creció apenas 1,6 % anual. La economía se modernizó —con apertura, privatizaciones e inversión extranjera— pero la productividad se mantuvo prácticamente estancada. Sin una agenda concreta, el crecimiento a largo plazo quedó limitado.
El paralelismo con el presente es inevitable, aunque con una diferencia crucial: la situación actual no es hiperinflación. Hasta julio de 2025, la inflación interanual llegó a casi 25%, una cifra que refleja con claridad que la estabilidad macroeconómica ya no puede darse por sentada. En 1985 el reto fue detener una hiperinflación desbocada; en 2025, el desafío es evitar que la inflación y el desorden fiscal erosionen el poder adquisitivo, deterioren la balanza de pagos y frenen el crecimiento en una economía prácticamente estancada. Hoy Bolivia no vive hiperinflación, pero tampoco tiene estabilidad. En ambos momentos, la enseñanza es clara: sin estabilidad no hay desarrollo posible.
La historia confirma esta tensión. Tras la crisis de 1999–2001, el boom del gas y de los commodities desde 2002 generó crecimiento, y desde 2006 la nacionalización devolvió protagonismo al Estado. El PIB por trabajador mejoró (2,2 %), pero gracias a ingresos externos, no a productividad interna. En otras palabras, la estabilidad fue necesaria para aprovechar la bonanza, pero sin una agenda productiva precisa y con los viejos errores de un capitalismo de Estado que combinó protagonismo con despilfarro desde 2006, la brecha con países vecinos se mantuvo.
Ese es también el mensaje para hoy. El país no puede crecer sostenidamente mientras la inflación se acerque al 25%, el tipo de cambio sea una ficción, las reservas disminuyan y falte combustible, un insumo básico. La estabilidad es la puerta de entrada: sin ella, no hay inversión, productividad o diversificación. El gran error de los años noventa no fue creer que la estabilidad alcanzaba, sino no construir sobre ella una agenda de productividad basada en eficiencia, capital humano e innovación. En resumen, todos los periodos dejaron su deuda con los bolivianos, aunque los matices sean distintos.
Cuarenta años después, seguimos aprendiendo la misma lección: la estabilidad es el piso, no el techo. La pregunta sigue abierta: ¿nos animaremos esta vez a construir sobre él?
O, como cantaba Julio Iglesias, ¿tropezaremos de nuevo con la misma piedra?