Pasada la maratónica etapa electoral del último año y medio, el sistema democrático boliviano está llamado a pasar la página y encarar dos reformas clave: una nueva ley electoral y un nuevo padrón biométrico.
Las recientes elecciones nacionales y subnacionales dejaron al descubierto dos problemas estructurales. Por un lado, una normativa electoral —gestada durante la hegemonía del MAS— con vacíos y distorsiones que entorpecen los procesos; por otro, un padrón vigente desde 2009 que muestra señales de agotamiento tecnológico y, peor aún, una creciente pérdida de confianza ciudadana.
Como suele ocurrir, las reformas comienzan a contrarreloj. El Tribunal Supremo Electoral dispone de menos de dos años para implementar un nuevo padrón, según lo establecido por la Asamblea Legislativa. El desafío no es menor: se requieren más de 100 millones de dólares —alrededor de 70 millones solo para el padrón, sin contar software, equipos y adecuaciones institucionales adicionales—. Poco se ha explicado sobre cómo se financiará este proceso en un contexto fiscal restrictivo, aunque se anticipa el apoyo de organismos internacionales y países cooperantes.
La urgencia, sin embargo, no puede justificar la improvisación. Bolivia necesita un padrón moderno, interoperable y, sobre todo, confiable. Se ha mencionado la posibilidad de incorporar modalidades de voto digital mixto y de agilizar la emisión de documentos y certificados, hoy atrapados en una burocracia que castiga al ciudadano. Son avances deseables, siempre que no se comprometan la seguridad ni la integridad del sistema.
El nuevo padrón debe cerrar definitivamente las grietas que han permitido irregularidades en el pasado. La emisión de documentación falsa y las sospechas de manipulación política minaron la credibilidad del sistema. Recuperar la confianza es la condición de base para la legitimidad democrática.
La reforma de la ley electoral es igual de urgente. La normativa vigente no solo ha demostrado ser ineficiente; también ha incentivado prácticas que debilitan la democracia. La proliferación de agrupaciones sin estructura —los llamados “taxi-partidos”—, la judicialización de la competencia política y las inhabilitaciones de último momento han distorsionado la voluntad popular. No es razonable que ciudadanos deban votar en papeletas con candidatos inhabilitados ni que decisiones del órgano electoral queden en entredicho por la falta de respeto al principio de preclusión.
A pesar de estas limitaciones, los procesos recientes se llevaron adelante con notable capacidad operativa por parte del TSE. Pero esa solvencia no puede seguir compensando una mala ley. El resultado es una democracia donde el ciudadano vota, pero no necesariamente elige con claridad, y donde la representatividad se erosiona.
Una nueva ley electoral debe corregir estos desvíos de raíz. Es necesario fortalecer el sistema de partidos, exigir democracia interna, ordenar los calendarios electorales y garantizar reglas claras y estables. También se debe facilitar la participación ciudadana sin sacrificar la calidad de la representación ni la seriedad de las candidaturas.
Bolivia tiene la oportunidad de hacer un ajuste profundo de su sistema democrático. Pero para que ese esfuerzo valga la pena, debe hacerse con rigor técnico, responsabilidad política y visión de largo plazo. Reformar por reformar —o hacerlo con apuro— solo reproducirá los problemas actuales.