El domingo, mientras hacía fila en mi recinto electoral, me puse a conversar con un joven sobre por quién iba a votar. “No tengo idea, me dijo, pero hay que venir para que no te multen”. No había convicción ni interés, solo obligación. En ese momento recordé una columna que escribí hace doce años: “El voto obligatorio es antidemocrático”. Lo que entonces señalé, hoy se sigue repitiendo con las mismas consecuencias, elección tras elección.
En Santa Cruz, el 17,7% de los ciudadanos no acudió a votar. Es decir que, a pesar de las sanciones, casi una de cinco personas no ejerció su derecho. Y es ahí donde debemos detenernos a pensar. La democracia no se basa en la participación forzada, sino en la libertad individual de elegir. El voto es, por definición, un derecho, no una obligación. Cuando se impone, el ciudadano deja de ser soberano y se convierte en un simple instrumento del sistema político.
Hay algo que incomoda decir, pero es necesario: no participar también es elegir. Forzar la participación no fortalece la democracia; la maquilla. Desde la teoría, ya en el siglo XIX, James Buchanan lo explicaba así: “las personas responden a incentivos. Si sienten que su voto no cambia nada, o que ninguna opción los representa, es perfectamente racional que no se involucren”. Es decir, el llamado “ausentismo” no es una falla moral del ciudadano; es una señal sobre la mala calidad de la oferta política.
Un argumento frecuente en Bolivia es que, sin voto obligatorio, las clases medias y urbanas dejarían de participar, mientras que el voto rural o de clases bajas vulnerables sería movilizado y presionado por estructuras políticas que se aprovechan de la necesidad de la gente. Es una preocupación real, pero también nos revela algo más profundo: el problema no es la libertad de votar, sino la desigualdad en cómo se construye la decisión política, donde la necesidad, la falta de información y la baja educación dejan a muchos más expuestos a la manipulación.
Obligar a todos a votar no corrige esa distorsión; la legitima. Porque si el voto puede ser comprado, acarreado o extorsionado, hacerlo obligatorio solo amplía ese universo de personas expuestas a manipulación. No te eleva la calidad de la democracia, te la diluye. Pretender resolver la coerción con más coerción no solo es absurdo, es admitir que el sistema desconfía de la libertad del ciudadano. La solución no vendrá de forzar la participación para “compensar” distorsiones, sino de reducir, urgente y drásticamente, el poder de quienes las causan. Una democracia sana no necesita obligarte a votar para equilibrar fuerzas; necesita que nadie tenga la capacidad de torcer tu voto.
Por eso, el voto obligatorio termina beneficiando más al sistema político que a la ciudadanía. Infla artificialmente la participación, construye una apariencia de legitimidad y empuja a las urnas a personas que, en muchos casos, están condicionadas o, en muchos otros, votan sin información ni interés.
En gran parte del mundo desarrollado, el voto es voluntario y la jornada electoral es un día completamente normal. La gente trabaja, sigue con su rutina y decide libremente si quiere votar o no, sin sanciones ni castigos. Lejos de debilitar la democracia, esto cambia los incentivos: la participación que existe tiende a ser más genuina y consciente. Los políticos no pueden descansar en la obligación legal; tienen que ganarse el voto. Tienen que persuadir, proponer y competir por la atención y tiempo de un ciudadano que perfectamente puede elegir no ir.
Mi conclusión es la misma que hace doce años, el problema no es que la gente no vote. El problema es creer que obligarla a hacerlo nos convierte en una sociedad más democrática.
(*) Roberto Ortiz Ortiz es MBA con experiencia corporativa en banca y telecomunicaciones