Hace más de ochenta años, mientras el mundo contemplaba el ascenso de los totalitarismos que conducirían a la Segunda Guerra Mundial, Karl Popper formuló una advertencia que hoy conserva una vigencia inquietante. La llamó la “paradoja de la tolerancia”: una sociedad ilimitadamente tolerante puede terminar destruida por los intolerantes. En otras palabras, para mantener una sociedad tolerante, debemos ser intolerantes con la intolerancia.
No se trataba de una invitación al autoritarismo. Todo lo contrario. Popper defendía la sociedad abierta, la libertad de expresión, el pluralismo político y el derecho de los ciudadanos a cuestionar a sus gobernantes. Pero entendía también que la libertad no puede sobrevivir si quienes buscan destruirla encuentran una democracia incapaz de defenderse.
Bolivia atraviesa hoy un momento que obliga a reflexionar sobre esa advertencia.
Las protestas sociales son parte esencial de cualquier democracia. El derecho a la movilización, a la crítica y a la resistencia pacífica frente al poder son conquistas que deben ser preservadas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre protestar y someter a un país entero mediante la coerción.
Cuando los bloqueos dejan de ser una expresión temporal de descontento y se convierten en una estrategia sistemática para paralizar ciudades, impedir el abastecimiento, afectar hospitales, restringir la libre circulación de millones de ciudadanos y provocar el colapso de la actividad económica, la naturaleza del conflicto cambia. Ya no estamos únicamente frente al ejercicio de un derecho. Estamos frente a la utilización de la fuerza colectiva para imponer objetivos políticos por fuera de los mecanismos institucionales.
El problema no es la discrepancia política. La discrepancia es saludable. El problema aparece cuando la presión social busca sustituir a los procedimientos democráticos como mecanismo de acceso o control del poder.
Si un gobierno es malo, existe el mecanismo revocatorio del mandato de una autoridad electa. Si una política pública fracasa, existen mecanismos de control institucional. Si las autoridades incumplen la ley, existen tribunales. Pero cuando se pretende reemplazar esas reglas por el bloqueo indefinido, el cerco territorial o la asfixia económica, se está enviando un mensaje peligroso: que la fuerza puede prevalecer sobre el voto.
Es precisamente allí donde las enseñanzas de Popper adquieren relevancia.
Una sociedad abierta no está obligada a permanecer inmóvil mientras quienes rechazan las reglas democráticas utilizan las libertades democráticas para destruirlas. El Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de garantizar el orden público, proteger la libre circulación, asegurar el abastecimiento y resguardar los derechos fundamentales de la inmensa mayoría de los ciudadanos que no participan en el conflicto.
La pregunta entonces deja de ser si el Estado debe defenderse. La verdadera pregunta es cómo debe hacerlo.
La respuesta no puede encontrarse fuera de la democracia, sino dentro de ella. Y es precisamente la propia Constitución Política del Estado la que ofrece una herramienta para circunstancias excepcionales como las que vive hoy Bolivia.
El artículo 137 establece la posibilidad de declarar un estado de excepción cuando exista peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. No se trata de una licencia para el abuso del poder ni de una suspensión indefinida de la democracia. Por el contrario, se trata de un mecanismo constitucional diseñado para preservar el orden constitucional cuando éste se encuentra seriamente amenazado.
Durante casi un mes, el país ha soportado bloqueos que han afectado el abastecimiento, restringido la libre circulación, perjudicado la actividad económica y comprometido servicios esenciales para millones de ciudadanos. Paralelamente, los principales actores de la movilización han dejado en claro que sus objetivos trascienden las demandas sectoriales y apuntan directamente a provocar la renuncia del presidente constitucionalmente elegido.
Frente a esta realidad, el Gobierno ha optado reiteradamente por el diálogo. Esa decisión, en principio correcta y compatible con los valores democráticos, merece reconocimiento. Sin embargo, el diálogo sólo es posible cuando existe voluntad de dialogar. Cuando una de las partes utiliza la negociación únicamente como instrumento de desgaste mientras mantiene intacta su estrategia de presión y paralización, el diálogo deja de ser una solución y se convierte en un mecanismo para prolongar la crisis.
Por ello, la discusión ya no debería centrarse en si el Gobierno debe actuar, sino en si está dispuesto a utilizar las herramientas constitucionales que el propio Estado de derecho pone a su disposición.
La declaración de un estado de excepción, aplicada dentro de los límites establecidos por la Constitución, sometida a los controles institucionales correspondientes y acompañada de estrictas garantías para los derechos fundamentales, permitiría restablecer la libre circulación, proteger el abastecimiento, recuperar el control efectivo del territorio y devolver a los ciudadanos la normalidad que hoy les ha sido arrebatada.
La paradoja de la tolerancia de Karl Popper adquiere aquí toda su relevancia. Una democracia que renuncia a defenderse frente a quienes buscan imponer objetivos políticos mediante la coerción corre el riesgo de destruir las condiciones que hacen posible la propia democracia.
La historia enseña que los gobiernos autoritarios nacen cuando la ley es reemplazada por la fuerza. Pero también enseña que las democracias pueden colapsar cuando la autoridad legítima abdica de ejercer las responsabilidades que la ley le confiere.
Las democracias no mueren únicamente por golpes militares. También mueren cuando los mecanismos institucionales son sustituidos gradualmente por la lógica de la fuerza.
La democracia tiene la obligación de escuchar. Tiene el deber de dialogar. Tiene la responsabilidad de corregir errores. Pero también tiene derecho a defenderse.
Y cuando el derecho de millones de ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular libremente y abastecer a sus familias se encuentra gravemente amenazado, la aplicación de los mecanismos constitucionales previstos para situaciones excepcionales deja de ser una posibilidad política más. Se convierte en una obligación del Estado.