Opinión

Desconfianza en la designación del fiscal

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30 de agosto de 2018, 4:00 AM
30 de agosto de 2018, 4:00 AM

Como era previsible, es mayor la desconfianza que la esperanza en la designación del nuevo fiscal general del Estado, que finalmente saldrá de la votación de la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS. Consciente de la desproporción de fuerzas, la oposición duda de la etapa de preselección que ha iniciado la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ni siquiera la existencia de filtros, como la impugnación de candidaturas o la vigilancia del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, resultan factores de garantía de un proceso libre de la politización, según la inquietud de los opositores y la de otros actores.

En cambio, el oficialismo afirma que el proceso está blindado por procedimientos que aseguran la meritocracia y se ha mostrado satisfecho por el registro de 53 postulantes, que serán evaluados mediante puntajes antes de la votación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el hecho de que no se haya impedido a funcionarios o ex empleados públicos participar en el proceso aumenta más la desconfianza en que la persona elegida para un cargo tan importante en la administración de justicia sea independiente o no tenga vínculos partidarios, que al final son decisivos.

Un dato que refuerza la percepción de que puede existir contaminación política partidaria es que 38 de los 53 postulantes inscritos trabajan o desempeñaron alguna función pública. Se sabe que algunos ocupan o estuvieron en puestos de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, algunas gobernaciones y en el Órgano Judicial. El caso más notable de vinculación al partido de Gobierno es el de Jorge Pérez, exministro de Gobierno de Evo Morales. Se entiende poco esa postulación en un proceso que, supuestamente, busca la independencia de la Fiscalía. En caso de que resultara elegido, se daría la razón a los que temen la partidización de la justicia. En cambio, pudiera ser una señal distinta si el designado resulta Gualberto Cusi, lo que parece altamente improbable.

En la lista de candidaturas hay solo seis mujeres, lo que resulta una cifra preocupante en un país que supuestamente pretende avanzar en la equidad de género. También hay pocos cruceños, lo que refleja el desinterés constante en estos procesos de los profesionales que viven en la región más poblada del país.

En ese contexto, se comprende la poca esperanza de cambio cualitativo de las decisiones que pretende tomar el poder político en el campo del Ministerio Público, proceso en el que tampoco se percibe una lista de candidatos dominada por la renovación. Si los anteriores procesos de designación no garantizaron la pretendida independencia, hay pocas señales que indiquen que esta vez será muy diferente. Consiguientemente, es probable que nos tengamos que resignar con que el nuevo fiscal vuelva a terminar siendo una autoridad funcional al poder.

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