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11 de septiembre de 2022, 4:40 AM
11 de septiembre de 2022, 4:40 AM

María René Álvarez/ diputada nacional

En los últimos años el fenómeno del avasallamiento de tierras protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), el despojo de territorio a los  pueblos indígena-originarios y privados además de las concesiones forestales,  ha tomado un giro altamente peligroso ante la pasividad del Estado boliviano, estos elementos son una condena para la desaparición de las áreas protegidas.

El tono delictivo con el que operan los interesados en tomar las tierras fiscales y las de comunidades, no son otra cosa que el reflejo de una total falta de interés en la aplicación de la Ley  y la ejecución de las políticas fiscales orientadas a su preservación, así como el control en materia de sostenibilidad en tierras sujetas a concesiones, excepto no más de dos empresas en todo el país.

La flexibilización y vulneración de la norma; las alianzas torcidas entre cooperativas mineras con capitales extranjeros, la codicia del poder político que manipula el sistema judicial agrario, como el resto de la estructura de justicia, y la acción política del Movimiento Al Socialismo (MAS) para extender su presencia partidaria con fines electorales, convergen como una suerte de engranaje colonizador del oriente boliviano.

Una de las mayores debilidades congénitas en la creación de las áreas protegidas tiene que ver con la falta de criterios en sentido de sistema por  un lado, y por otro,  la ninguna convergencia de sentido institucional-técnico de preservación para el manejo integral de tierras sujetas a protección especial como son las áreas protegidas y territorios originarios.

Las deficiencias en el manejo de áreas protegidas, la vulnerabilidad de los territorios originario-indígenas de tierras bajas y las concesiones irregulares que terminan en la deforestación de los bosques primarios son de impacto directo y afectación al patrimonio de todos los bolivianos, bajo la complicidad de la administración central de turno, despropósito que en los últimos años ha arreciado de manera preocupante, inclusive, en el contexto internacional, más aún cuando el Estado Plurinacional de Bolivia se dice protector de la Madre Tierra.

El errático manejo del gobierno sobre las tierras fiscales no disponibles y la vulneración al derecho de territorio que la CPE asegura para los pueblos originarios de tierras bajas, expresa la incapacidad del Estado para el cumplimiento de políticas de preservación, conservación y respeto a los derechos naturales de este patrimonio.

El sistemático asalto a las tierras de las comunidades originarias, especialmente chiquitanas, con una clara intención partidaria colonizadora del MAS mediante grupos denominados “intercultulturales”, constituye otro de los complejos problemas que, de no ser resuelto con firmeza dentro los mandatos constitucionales, condena a la desaparición de las tierras protegidas, los ecosistemas que en ellas habitan y pone en alto riesgo la supervivencia de los pueblos de tierras bajas.

Las acciones ilegales de asalto a tierras protegidas, afectan principalmente a seis provincias:  Velasco, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Germán Busch y Guarayos de la Chiquitania cruceña. 

Una de las reservas forestales severamente afectadas por asentamientos humanos arbitrarios es Bajo Paraguá, en la Provincia Velasco departamento de Santa Cruz, donde, según un informe del gobierno departamental al menos 300 hectáreas (ha) de bosques fueron echadas abajo por grupos de colonizadores que actúan con violencia y al margen de la ley, protegidos por el poder político del MAS.

En la complejidad de este problema, las concesiones forestales chuecas se han convertido en pingües transacciones que comprometen a altas autoridades de este y anteriores gobiernos.

La explotación y tráfico ilegal de madera en la ex concesión forestal Romano, municipio San Rafael en Santa Cruz, donde cerca de 50.000 ha están en entredicho, es el más claro ejemplo de la violación a toda norma reguladora de las concesiones de tierras fiscales, así como la vulneración del derecho de las comunidades indígenas a sus tierras de origen.

Romano, ex concesión de recursos maderables, avasallada y saqueada por grupos al margen de la ley, revela la complicidad autoridades ejecutivas a cargo de la dotación de tierras y control forestal como son el INRA y la ABT, condenando a los bosques a su depredación, cuyas consecuencias podrían ser irreversibles, como la desertización y erosión e impacto en ciclo de lluvias.

En el marco de las gestiones que hacen a la responsabilidad legislativa, se tomó medidas que deberían obligar a las autoridades competentes a dar pronta respuesta y tomar acciones inmediatas ante la gravedad de la problemática de asalto de tierras y las concesiones forestales irregulares