Censo 2022: ¿Para seguir el centralismo o empezar la autonomía?

Por: Oscar Balderas M. - abogado y diputado por CC.

Bolivia en lo declarativo, establece una estructura y organización territorial descentralizada y con autonomías. Consecuentemente, son reconocidas constitucionalmente, cuatro modalidades autonómicas: departamental, regional, municipal e indígena originario campesina, esto gracias al impulso ciudadano de inaugurar un diseño estatal de reconfiguración institucional y que posibilitó distintas vías para implementar las autonomías.

Dicha implementación autonómica, es un desafío plural y complejo, pero que aún no brinda señales de acercar y prestar mejores bienes y servicios públicos a la población, ni garantiza una vida digna para todos, así como tampoco genera certidumbre de mejores niveles de equidad social, política y económica.

El proyecto político netamente centralista del MAS, es una de las causas que frenan la implementación autonómica, estableciendo barreras tanto normativas como políticas que evidencian ese extremo y de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, mantiene las mismas características restrictivas a las Entidades Territoriales Autónomas y no así para el Gobierno Central en cuanto a la distribución de recursos públicos.

Por ejemplo, el Presupuesto General del Estado del año 2012 -año que se realizó el último censo- concentraba para el Gobierno Central el 88% de la disponibilidad presupuestaria y el 12% para Gobernaciones, Gobiernos Municipales y Universidades Públicas. En la gestión 2021, de todo el Presupuesto General, los 337 Gobiernos Municipales concentran el 5,7%, mientras que las 9 Gobernaciones el 3%.

Consecuentemente, es inobjetable la pervivencia de una distribución de recursos ni equitativa ni solidaria, en contrapartida de la concentración de recursos en el Órgano Ejecutivo nacional (Ministerios y Empresas Publicas llamadas Estratégicas).

Desde las barreras políticas, no se viabilizó el Pacto Fiscal, como un escenario e instrumento capaz de “encontrar” la mejor distribución de los recursos disponibles y mucho más cuando se tiene una etapa de precios descendiente de materias primas hace varios años, que genera recursos cada vez más recortados a inversiones productivas y de retorno sostenible, factor que concretamente estanca la lucha frontal contra la pobreza, al margen de la demagogia oficialista.

Por otra parte, la Ley Marco de Autonomías en su Art. 122 creó el Consejo Nacional de Autonomías, como una instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales autónomas, debiendo sesionar mínimamente dos veces por año.

No obstante, desde el 2010 a la fecha éste Consejo sesionó solamente 6 veces y su naturaleza inicial de relacionamiento intergubernativo en torno a temáticas coyunturales y de interés general del Estado, paulatinamente se fue distorsionando, siendo finalmente

un espacio partidario de fidelidad oficialista, vertical en sus decisiones y castigador o excluyente con opositores.

Si bien los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno son de carácter básico y primordial para el funcionamiento armónico del Estado, el MAS no comprendió ésta dimensión ineludible como garantía para una horizontalidad programática, económica, política y financiera.

Las estadísticas son indispensables para identificar cuántos y quiénes somos, distribución de recursos, así como también para la planificación o el diseño y monitoreo de la política pública. Sin embargo, bajo los antecedentes expuestos, y, a 12 años de la vigencia de la Constitución, 11 de la Ley Marco de Autonomías y 9 años del último censo nacional, el anuncio del CENSO 2022 genera expectativas pusilánimes por ser nuevamente, un probable instrumento para fortalecer el centralismo en detrimento de las autonomías.