Detrás de los ‘buscapegas’
Desde hace dos meses una escena se ha repetido en varias instituciones públicas: correligionarios políticos hostigan a servidores públicos en funciones o tratan de invadir las entidades para acceder a sus cargos o “pegas”.
En medio de una crisis múltiple requerimos mejores capacidades en vez de simples confianzas políticas. Varios de los que ya no son servidores públicos tienen experiencia y conocimiento; y solo cumplieron su deber con el Estado, no con un gobierno, en una emergencia sin intereses personales.
Es sabido que el empleo público ha respondido a intereses partidarios en sus diferentes niveles, pero no se había visto de forma tan palpable. Más allá de lo reprochable de estas escenas, revelan al menos tres características clave.
La primera tiene que ver con la falta de fuentes de trabajo a raíz de la pandemia y sus consecuencias. Una de cada doce personas busca un empleo en el área urbana, a lo cual se añade el subempleo, distintivo de nuestro mercado laboral.
Tomando en cuenta que el empleo formal, dependiendo del criterio que se considere, estaría apenas en torno al 20% del empleo total, es explicable la fijación de varias personas con los cargos públicos, pues más de la mitad de los empleos formales correspondería, desafortunadamente, al sector público.
La segunda es la composición del empleo público. Contrastando diversas fuentes podría haber casi medio millón de funcionarios públicos. Aunque es fácil recomendar el achicamiento del Estado para evitar empleo por conveniencia, su desglose es esclarecedor.
De la cifra anterior, 200.000 personas son profesores y 80.000 son médicos. Por lo cual sugerir su disminución no suena políticamente correcto, peor en pandemia. A eso se suman 25.000 en empresas públicas y 60.000 policías y militares.
El resto, más de 100.000, correspondería a la burocracia en sus distintos niveles, del cual algo más de 20.000 pertenecerían al Gobierno central.
Por tanto, una eventual reingeniería del empleo público debería apuntar más bien a la cualificación, tomando en cuenta la inflexibilidad de la Constitución y las normas que de ella derivan.
Esto me lleva a la tercera, que es la naturaleza del servicio público. Tuve la oportunidad de participar directamente en el Estado durante casi 10 años. Los recuerdos que tengo de las instituciones a las que colaboré directa o indirectamente no es la de los “buscapegas” que vimos en las noticias, sino más bien de profesionales y técnicos comprometidos.
Evoco esa época como una en la cual veía entrega y compromiso en cada servidor público, más allá de lo que señalaban sus manuales de funciones. Y esa fue una norma dentro del entorno que participé, más que la excepción.
Entonces la pregunta pertinente es qué está mal si es que habría un ejército de funcionarios públicos comprometidos. Aunque suena como obviedad la respuesta radicaría en la institucionalidad y el liderazgo necesario para conseguirla.
Una de las áreas del Centro de Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard es “Construcción de capacidades estatales”. Sus análisis revelan que en el mundo existen instituciones que se parecen, por ejemplo, a una contraloría, a una superintendencia, a una agencia de promoción comercial, porque tienen este título y la estructura, pero no llegan a cumplir el rol encargado.
A esta práctica se llama “isomorfismo mimético” cuando los gobiernos copian e imitan las mejoras prácticas internacionales, pero no son ni eficaces ni eficientes, sino más bien mimetizan su incapacidad.
La buena noticia es que según el CID, con un enfoque adecuado e interativo centrado en los problemas más que en la simple copia de instituciones, se puede mejorar la institucionalidad. Para ello la condición previa es la contratación por méritos y la carrera pública, no la inestabilidad política.
Por tanto, más allá de la legítima y pertinente discusión del tamaño del Estado, debemos esforzarnos por mejorar sus capacidades. Sino pasaremos de la ineficiencia anónima a la incompetencia declarada.
