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13 de diciembre de 2022, 10:35 AM
13 de diciembre de 2022, 10:35 AM

Extraña fue la posición del presidente Luis Arce sobre la crisis política desatada en Perú. Arce utilizó su cuenta oficial de Twitter para mencionar que “el constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas, populares y legítimamente constituidos, debe ser condenado por todas y todos”, pero no mencionó la fallida disolución del Congreso peruano o la restricción de libertades y garantías constitucionales.

Precisamente, los anuncios de instauración de un gobierno de transición y un toque de queda constituyeron elementos de una ruptura constitucional que fue enérgicamente rechazada por la comunidad internacional, menos por Bolivia y algunos otros países cuyas credenciales democráticas están en entredicho.

¿Puede un mandatario dirigir la política exterior de un país basado únicamente en afectos o desafectos personales e ideológicos? No, porque tiene una responsabilidad como servidor público cuya principal función es sujetarse a la Constitución y a la ley. Por el contrario, un presidente, en virtud de la investidura que ejerce debe actuar con la necesaria firmeza y claridad que las relaciones internacionales exigen en circunstancias como las que actualmente aquejan al hermano país del Perú.

Sobran las razones para lamentar los tristes desatinos de los funcionarios de la Cancillería y Diremar que llevaron a Bolivia a sufrir dos catastróficos fallos en contra ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la demanda marítima y la utilización de las aguas del Silala. ¿Servirán como consuelo la carta más larga del mundo o la bandera que se extendió entre La Paz y Oruro? Claramente, no.

Otro hecho que debe ser considerado es la posición de Bolivia respecto a la agresión rusa contra Ucrania que, más allá de la afinidad ideológica del gobierno del MAS con Vladimir Putin, sitúa a Bolivia en la lista de países que inexplicablemente justifican el uso de las armas, en franca contravención al artículo 10 de la Constitución Política del Estado que define a Bolivia como un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y que rechaza toda guerra de agresión como instrumento de resolución de los diferendos y conflictos entre Estados

No son hechos aislados. En los últimos meses, la embajadora de Bolivia en Irán respaldó al gobierno iraní en su política represiva contra las reivindicaciones de las mujeres, justo cuando el presidente Arce propuso en la Asamblea General de Naciones Unidas la declaratoria del decenio de la despatriarcalización a nivel internacional.

Y en un ámbito penosamente bilateral habrá que mencionar la declaración de “persona no grata” del ex embajador boliviano en Paraguay, Mario Cronenbold, por haber confundido su rol de diplomático con el de tiktoker financiado por el Estado boliviano.

Evidentemente, las acciones antes descritas y otra larga lista de “anécdotas diplomáticas” dejan mal parado el nombre de Bolivia en la comunidad internacional. Se trata de un mal endémico que se arrastra por décadas y que se agravó desde el 22 de enero de 2006, cuando David Choquehuanca asumió la dirección de la Cancillería y sistemáticamente se desarticuló la estructura del servicio exterior boliviano, con el despido de decenas de funcionarios de carrera y el cierre de la Academia Diplomática Boliviana.

Actualmente, Bolivia no ha nombrado embajadores titulares en Paraguay, Brasil, China, Japón e India. Tampoco existe un cónsul en Chile, país con el que Bolivia debe construir un nuevo y necesario relacionamiento bilateral. En medio de este desconcierto se discuten posibles nombramientos de políticos, sindicalistas o amigos del poder que admiten públicamente su escaso conocimiento en la materia, pero que sienten atraídos por el “cargo”.

Bien haría el presidente en recordar su responsabilidad como cabeza de la política e intentar reponer la carrera diplomática en lugar de nombrar embajadores por mero premio o castigo. Así no llegaremos lejos.


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