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OPINIÓN

Dirk Schmidt: un caso emblemático

Adhemar R Suárez Salas 17/2/2020 03:00

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Si el Caso “Terrorista”, nos dejó perplejos por la magnitud del odio ancestral y el daño incalculable asestado por el aparato represivo de los dictadores en fuga en contra de honorables ciudadanos cruceños, el de Dirk Schmidt, no es menos tenebroso y se convierte en un lastre indeleble para el Sistema Judicial y sus adláteres.

El “martirologio” para el experto en balística comenzó el 8 de julio de 2010 cuando un tropel de efectivos policiales dirigido por el fiscal José Tarqui, quien sin contar con una orden judicial, procedió a allanar su domicilio emplazado en las colinas de Turumatú, a saquear los enseres personales y unas escopetas de caza, después de golpear a su esposa e hijas menores que imploraban misericordia. Dirk fue enmanillado como un vulgar delincuente, bajo el cargo de “alzamiento armado”.

Como el sainete de “terrorismo” quedó en evidencia, desde el Ministerio de Gobierno se instruyó que se inicien sobre el ciudadano alemán- boliviano, sendos juicios penales por supuestos delitos inexistentes, con la consigna de “hacerlo desaparecer de la faz de la tierra”.

Dirk Schmidt fue contratado por el viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico para coadyuvar en tareas de prevención de conflictos sociales. En esta dirección, se logró la ansiada pacificación, evitando la intervención militar durante el famoso “cerco a Santa Cruz”, en el 2008, así como en la atención favorable a los discapacitados. Pero el caso emblemático que los dictadores no le perdonaron, fue el haberse opuesto a la extorsión que Sacha Llorenti buscaba lograr de la Comunidad Menonita por un monto superior a los 50 millones de dólares que, luego se supo, estaban destinados al grupo guerrillero colombiano de la FARC.

Allí comenzó una brutal cacería humana. Sufrió los mayores escarnios en la cárcel de Palmasola, donde estuvo recluido casi tres años. Con el apoyo granítico de su familia, sus abogados y amigos salió airoso de todos los juicios infames, excepto uno que, pese a contar con una sentencia absolutoria ejecutoriada, se resiste a declararlo cerrado.

Adivinen quién es ese juez. Nada menos que el repelente Sixto Fernández, verdugo confeso del caso “Terrorismo”, junto a la jueza técnica Elena Gemio y el exfiscal Marcelo Soza.

“Trituraron mi hogar, laceraron mi corazón, pero no lograron doblegar mi espíritu rebelde, que hoy se mantiene más vivo que nunca”.

“He iniciado los trámites para exigir ante los organismos internacionales el pago de reparación civil y perjuicios (lucro cesante), así como las acciones penales que el caso amerita”. Como afirmaba el gran novelista ruso Fiodor Dostoievski en su famosa obra “Crimen y castigo”: Estos delitos de lesa humanidad no pueden permanecer impunes.