Discriminación del Gobierno con los medios
El Gobierno de Luis Arce administra la publicidad del Estado boliviano, que no es propiedad del Gobierno mismo, pero lo hace con un sentido discriminatorio para favorecer a aquellos que son de propiedad de aliados políticos y que tienen líneas editoriales oficialistas, sin importarle que sus audiencias sean minoritarias, en comparación con otros medios independientes, que directamente no reciben inversión o lo hacen en montos insignificantes.
Un informe del portal Brújula Digital, basado en los contratos y las actas reportados por el Ministerio de la Presidencia al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), reveló que, en los 20 meses del gobierno de Arce, solo el Ministerio de la Presidencia destinó más de Bs 140 millones en propaganda estatal en televisión y medios digitales privados.
De ese monto, Bs 54,4 millones, es decir el 39 por ciento del total, fueron a parar a dos medios televisivos, ATB y Abya Yala. Ninguno de esos dos medios figura entre los más vistos según los ratings de audiencia que periódicamente realizan empresas especializadas en el país. Es más, el canal Abya Yala ni siquiera figura entre los 12 primeros canales del país según criterio de audiencia.
¿Qué tienen en común ambos medios de comunicación para ser los mayores beneficiarios de la pauta publicitaria del Estado boliviano? Que ambos son considerados medios políticamente afines a los gobiernos del MAS, desde las gestiones de Evo Morales.
Los siguientes canales de televisión que reciben montos altos de publicidad, son, en orden descendente de las cifras, RTP con Bs 13,9 millones; Bolivisión con Bs 13,5 millones; Gigavisión con Bs 11 millones; Cadena A con Bs 9 millones y Telesur con Bs 7 millones, pese a que este último no es un canal de Bolivia ni tiene emisión local en el país.
Entre los 15 medios más beneficiados por la publicidad estatal aparece incluso Kawsachun Coca, una radio analógica y digital de los cocaleros del trópico de Cochabamba, con contratos por Bs 1,2 millones, muy por encima de radios independientes líderes en audiencia en el país.
Si bien esta política de repartir la publicidad del Estado, siguiendo la lógica de premios y castigos, no es nueva porque se la aplicó durante todos los gobiernos de Morales, en la gestión de Arce se repite con igual fuerza en una actitud reñida con las leyes, la lógica del mercado y las audiencias, con la ética y con el derecho de los medios de comunicación independientes a ser difusores de las políticas del Estado a través de la publicidad.
En esta odiosa discriminación de medios no solo impera el sentido del ‘si te portas bien te premio con publicidad; si te portas mal no te doy ni un centavo’, sino también una estrategia de favorecimiento a medios de dudosa transparencia en su composición accionaria, que se esconden detrás de palos blancos en representación ex autoridades o empresarios que hacen grandes negocios con el Estado.
Al mismo tiempo, la interesada distribución de la torta también conlleva el objetivo de asfixiar económicamente a los medios de comunicación independientes, y mucho más en esta época en que periódicos, canales, radioemisoras y grupos multimedia sufren los duros golpes de la crisis que había comenzado incluso antes de la pandemia.
El dinero que destina el Gobierno a los medios aliados no es ni del partido gobernante ni del presidente o la ministra de la Presidencia; son recursos del Estado que debieran utilizarse siguiendo criterios de equidad y proporción. Lo otro, lo que se hace actualmente, equivale al cuoteo político, al favoritismo y finalmente a una forma de corrupción.
