Cada crisis económica produce sus propias recetas milagrosas. En la Bolivia de hoy, marcada por la escasez de divisas, la caída de reservas y la pérdida de confianza en el boliviano, algunos economistas han resucitado una vieja propuesta: eliminar nuestra moneda y adoptar el dólar como moneda oficial. La presentan como la llave capaz de abrir las puertas de la estabilidad, la inversión y el crecimiento. Sin embargo, esa propuesta parte de un diagnóstico equivocado y conduce a una solución equivocada. La dolarización no cura las enfermedades de una economía; apenas oculta algunos de sus síntomas. El verdadero desafío de Bolivia no consiste en cambiar de moneda, sino en cambiar las políticas que destruyeron la confianza en ella.
Resulta significativo que quienes defienden la dolarización rara vez expliquen por qué más de 190 países del mundo conservan su propia moneda y apenas un puñado ha decidido renunciar a ella. La respuesta es sencilla: una moneda nacional no es únicamente un medio de pago; es una herramienta fundamental de política económica. Permite responder a crisis financieras, administrar la liquidez, actuar como prestamista de última instancia y adaptar la política monetaria a las necesidades de cada país. Al dolarizar, todas esas facultades pasan a depender de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo mandato consiste en proteger la economía estadounidense, no la boliviana.
Los ejemplos de Panamá y Ecuador suelen citarse como modelos de éxito, pero pocas veces se explica el contexto. Panamá nació prácticamente integrada al sistema financiero estadounidense y construyó su economía alrededor del dólar durante más de un siglo. Ecuador, en cambio, dolarizó cuando el sucre había colapsado y la inflación destruía el poder adquisitivo de la población. Fueron decisiones adoptadas en circunstancias excepcionales, no modelos universales. Convertirlas en receta automática para Bolivia ignora las profundas diferencias históricas e institucionales entre esos países.
Más aún, la realidad boliviana demuestra que la dolarización sería extremadamente difícil de implementar. Sustituir el boliviano por el dólar exigiría miles de millones de dólares para convertir toda la base monetaria y respaldar el sistema financiero, y eso es justamente lo que Bolivia no tiene: las reservas están en niveles históricamente bajos y la economía enfrenta severa escasez de divisas. Pretender dolarizar en esas condiciones equivale a querer apagar un incendio sin agua.
Existe además un argumento que los defensores de la dolarización suelen pasar por alto. Si el problema fundamental fuera la existencia del boliviano, el FMI exigiría su eliminación como condición para otorgar asistencia. Ocurre lo contrario: los programas del Fondo no se concentran en cambiar la moneda, sino las políticas económicas. Sus exigencias son reducir el déficit fiscal, recuperar las reservas internacionales, fortalecer la balanza de pagos, transparentar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. El propio diseño de estos programas demuestra que el origen de la crisis boliviana no reside en el boliviano, sino en años de gasto excesivo, déficits persistentes y destrucción gradual de la confianza económica.
Por eso resulta preocupante que el debate nacional se desvíe hacia soluciones que prometen resultados inmediatos mientras se evita discutir las verdaderas reformas. Ninguna moneda puede reemplazar la disciplina fiscal. Ningún billete estadounidense hará desaparecer empresas públicas deficitarias, eliminará la inseguridad jurídica o multiplicará las exportaciones. Ninguna dolarización atraerá inversión si persiste la incertidumbre institucional. Pensar lo contrario equivale a creer que basta con cambiar el tablero para ganar una partida que se está jugando mal.
La verdadera paradoja es que, si Bolivia cumpliera las condiciones que normalmente exige el FMI, la dolarización dejaría de ser necesaria. Un país con cuentas fiscales equilibradas, reservas sólidas, seguridad jurídica y un Banco Central creíble puede mantener perfectamente una moneda estable. Chile, Perú y Uruguay demuestran que la estabilidad monetaria depende mucho más de la calidad de las políticas públicas que del nombre de la moneda.
La dolarización tampoco está exenta de costos permanentes: Bolivia perdería para siempre el control de su política monetaria, renunciaría al señoreaje y quedaría expuesta a las decisiones de la Fed, incluso cuando fueran inconvenientes para el país. En una futura crisis, el Banco Central ya no podría actuar como prestamista de última instancia.
Vale la pena desmontar además uno de los mensajes con que el Gobierno ha justificado el acuerdo con el FMI. El presidente Rodrigo Paz ha señalado que los 5 mil millones de dólares del organismo servirían para financiar carreteras, hospitales, colegios y proyectos rurales. Esa afirmación no refleja la naturaleza de los programas del Fondo: el FMI no es un banco de desarrollo, función que corresponde al Banco Mundial, el BID o la CAF. Sus préstamos buscan fortalecer reservas y estabilizar la balanza de pagos, a cambio de reducir el déficit fiscal y fortalecer instituciones. Si el Gobierno destina luego recursos propios a infraestructura gracias al mayor margen presupuestario, eso es un efecto indirecto, no el propósito del programa. Presentarlo como financiamiento para obras puede desviar la atención de las reformas estructurales que el país realmente necesita.
La solución para Bolivia no pasa por importar dólares como moneda oficial, sino por producir más dólares mediante exportaciones, inversión privada, turismo, agroindustria, minería, energía e industria manufacturera; por recuperar la confianza de quienes invierten y generan riqueza, y por reducir el déficit fiscal y reconstruir las reservas. En otras palabras, pasa exactamente por las reformas que el FMI exige para cualquier programa serio de estabilización.
Quienes presentan la dolarización como solución definitiva ofrecen, en realidad, un atajo que evita enfrentar las causas profundas de la crisis. Bolivia no necesita renunciar a su moneda; necesita recuperar la confianza en ella mediante instituciones sólidas, responsabilidad fiscal y crecimiento sostenido. La estabilidad no se compra cambiando de billetes: se construye gobernando con disciplina, generando riqueza y respetando las reglas de una economía sana. Mientras esas tareas permanezcan pendientes, la dolarización seguirá siendo un espejismo atractivo, pero incapaz de resolver los problemas del país.
* Carlos Ibañez Meier es Ph.D en Economía