La crisis boliviana ya no puede explicarse únicamente por los bloqueos, la escasez de combustibles o la demanda de abrogación de normas vinculadas a la distribución de tierras. Esos fueron los detonantes. Lo que vino después fue mucho más profundo: una escalada que derivó rápidamente en la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz y en una disputa abierta por el poder político.
Para comprender lo que ocurre conviene recurrir a dos herramientas utilizadas en consultoría política y prospectiva estratégica: la Teoría del Drama y el análisis morfológico de Michel Godet. Ambas permiten mirar más allá de la coyuntura y entender las fuerzas que realmente están moviendo el tablero.
La pregunta es inevitable: ¿por qué una demanda sectorial se transformó en una crisis nacional?
Porque el conflicto no nace solamente de Evo Morales ni únicamente de la gasolina. Evo tiene influencia y capacidad de conducción sobre parte de las movilizaciones, pero sería intelectualmente cómodo atribuirle todo lo que ocurre. Existe un malestar real, acumulado durante meses, que encontró en la crisis económica una vía de expresión política.
Aquí aparece un fenómeno que el gobierno no terminó de interpretar a tiempo. El sujeto nacional-popular que hoy se moviliza no nació en los últimos veinte años, pero sí se fortaleció y encontró mayores espacios de representación. Es cierto que parte de ese proceso derivó en lógicas corporativas y prebendales que confundieron representación con reparto de poder. Sin embargo, reducir todo el fenómeno a esa experiencia sería un error. Sus demandas no son únicamente económicas; también expresan identidad, historia, cultura, dignidad y reconocimiento.
Comprender esta realidad no implica renunciar a la democracia, la economía de mercado o el Estado de derecho. Significa entender que gobernar Bolivia exige algo más que administrar indicadores: exige interpretar símbolos, memorias y expectativas colectivas.
La gran tensión de esta crisis está allí.
Desde la Teoría del Drama, el gobierno parece haber elegido una estrategia de desgaste. En lugar de ingresar rápidamente en la confrontación, intenta que la movilización pierda fuerza por agotamiento y abrir espacios de negociación. El reencuentro luego de meses entre el presidente y el vicepresidente, y algunos sectores movilizados, refleja precisamente esa búsqueda.
Muchos sectores urbanos, productivos y regionales consideran que esta estrategia proyecta debilidad. Ven un gobierno lento frente a un país paralizado. La presión para aplicar medidas excepcionales aumenta cada día.
Sin embargo, existe una lógica estratégica detrás de la cautela.
Una parte de los sectores movilizados parece haber dejado atrás la negociación. Después de más de treinta días de conflicto, la confrontación se ha convertido en un objetivo político. El riesgo para el gobierno es evidente: una intervención con víctimas podría transformar una movilización desgastada en una causa nacional.
Aquí aparece Godet.
Si el Estado recupera el orden sin pérdidas humanas significativas, fortalece su autoridad. Si lo hace con costos limitados, el resultado será ambiguo. Pero si la confrontación escala, aparecen víctimas, se fragmenta el respaldo institucional y la economía continúa deteriorándose, el conflicto puede ingresar en una fase mucho más peligrosa de deslegitimación y anarquía democrática.
Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas, la Policía, la opinión pública y las instituciones. Mientras más cohesionados permanezcan estos actores, mayores posibilidades tendrá el gobierno de estabilizar la situación. Mientras más se fragmenten, más incierto será el desenlace.
Por eso el verdadero drama de Rodrigo no es únicamente recuperar las carreteras. Es evitar la trampa de la polarización y violencia.
La historia boliviana enseña una lección contundente: cuando la política abandona el diálogo y se traslada por completo a las calles, todos terminan perdiendo. Las carreteras vuelven a abrirse. Los mercados vuelven a abastecerse. Pero las fracturas sociales permanecen.
Hoy el país enfrenta dos caminos. Uno conduce a la confrontación permanente y a la búsqueda obsesiva de vencedores y vencidos. El otro es más lento, menos espectacular y probablemente mucho más ingrato: reconstruir acuerdos sin renunciar a la democracia, al Estado de derecho ni a las libertades.
Si el gobierno logra atravesar esta tormenta sin caer en la provocación de la violencia, el desafío recién comenzará. Tendrá que abrir una etapa de recomposición económica, gestión política e interpretación profunda de Bolivia. Tendrá que escuchar más, comprender mejor y construir puentes donde hoy existen trincheras.
La fuerza puede abrir caminos. La legitimidad es la que permite recorrerlos.
Y en esa diferencia se juega no solamente el futuro de un gobierno, sino la posibilidad de que Bolivia cierre, por fin, uno de los ciclos de confrontación más largos de su historia reciente.
(*) Waldemar Peralta Mendez es consultor político.