27 de mayo de 2022, 7:27 AM
27 de mayo de 2022, 7:27 AM

Todos los bolivianos lo sabíamos, pero tuvo que venir un profesional extranjero con cargo de relator especial de Naciones Unidas a hacer una misión de observación y varias entrevistas para llevarse una buena cantidad de información, la misma que hoy le permite decir con certeza que Bolivia tiene fallas estructurales graves en su justicia y que una ellas es la injerencia de la política en la actuación de jueces y fiscales.

Lo conocíamos, es verdad, pero el mérito del informe de Diego García-Sayán, relator de NNUU para la Independencia de Jueces y Abogados, es que ahora ya no solo lo saben los bolivianos, sino también la comunidad internacional a la que él entregará sus conclusiones, nada menos que en el escenario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sin ambigüedades, el documento señala que el Gobierno boliviano presiona y ejerce un patrón constante de amedrentamiento contra los operadores y rivales, insta a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas, advierte que la elección de magistrados por voto popular debe erradicarse porque es otra fuente de injerencia política, pide contar con una ley de acceso a la información pública y conmina a tener un defensor del pueblo titular.

El relator apunta que Bolivia tiene una carrera judicial débil, lo mismo que la carrera de los fiscales, que ni la mitad de los jueces son de carrera, que el presupuesto para la justicia no llega ni al 0,5 por ciento del PIB, y que otro de los problemas centrales en la administración de justicia es la corrupción. García-Sayán hizo alusión directa a casos específicos en los que observó patrones de amedrentamiento sistemático en el encarcelamiento y proceso a varios jueces por presión del Ministerio de Gobierno.

Se refirió al caso de la expresidenta Jeanine Áñez y relató que se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021, que enfrenta dos procesos en los que fue imputada por los delitos de sedición, conspiración, terrorismo, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución.

El relator de Naciones Unidas observó con preocupación la existencia de tipos penales ambiguos en Bolivia, como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes.

García-Sayán considera que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.

Recordó que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Además, para toda persona privada de libertad el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud, y que en el caso de una huelga de hambre, esa obligación estatal se tiene que respetar escrupulosamente.

El extenso documento de 20 páginas contiene esas y varias otras observaciones a la justicia boliviana en las que por un lado se observan fallas estructurales que deben ser corregidas con una profunda reforma, pero por otro lado hay críticas a actuaciones directas del Gobierno por su injerencia en un poder que por definición tendría que ser independiente. En otras palabras, si alguien tiene que quedar preocupado y señalado por el dedo con el informe del relator especial de Naciones Unidas es principalmente el Gobierno. Su manipulación de la justicia ya no es, ahora, solo una noticia interna del país, sino que será de conocimiento de la comunidad internacional organizada en torno al sistema de Naciones Unidas.

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