Dentro de la táctica empleada por Rodrigo Paz, que en parte le ha valido a su gobierno una imagen de improvisación durante este conflicto que parece acercarse a su fin, sí ha sido posible vislumbrar una estrategia de fondo. Se trata de una estrategia de desgaste, similar a la que Luis Arce utilizó durante el conflicto del censo que paralizó particularmente a Santa Cruz durante más de un mes. El costo de esa estrategia es elevado en términos de cohesión social, de confianza en el Estado y, sobre todo, en términos económicos. El daño medido en legitimidad también ha sido profundo: para la sociedad en su conjunto y para todos los actores involucrados.
Una parte muy importante de los manifestantes convirtió una protesta que podía haber sido democrática en un movimiento de rasgos subversivos. De abordar demandas económicas y políticas más o menos legítimas según perspectiva, las movilizaciones pasaron a perder legitimidad cuando empezaron a exigir la renuncia de un presidente con apenas siete meses de gestión, una demanda percibida como desproporcionada por una parte considerable de la sociedad. Esa pérdida de legitimidad se profundizó todavía más cuando comenzaron a acumularse muertes y a extenderse la desesperación entre ciudadanos bloqueados y vulnerados en sus derechos más básicos. En otras palabras, el punto de quiebre llegó cuando los manifestantes excedieron sus capacidades políticas reales y cuando la protesta pasó a implicar la comisión sistemática de delitos contra sus propios conciudadanos, tanto contra quienes rechazaban sus demandas como contra quienes simpatizaban con el fondo de sus exigencias al gobierno.
Como en toda disputa política, el proceso y los resultados de este conflicto son también objeto de un duelo de narrativas mediáticas. Mientras unos buscan imponer el relato de un gobierno opresor y antiderechos, pese a que el Ejecutivo apenas ha reprimido las protestas y ha dialogado hasta el cansancio, incluso a costa del deterioro de su propia legitimidad en las clases medias, los antagonistas radicales, nutridos por la irracionalidad de las medidas de protesta, intentan imponer el relato inverso: el de un colectivo homogéneo de manifestantes incivilizados, carentes de cualquier preocupación legítima y sin derecho alguno a exigir la renuncia de un presidente. Esos son los blancos y negros del conflicto, pero la historia real está hecha de grises.
Por un lado, cabe señalar el cinismo de cierta izquierda nacional e internacional que pretende rearticularse a partir de un malestar sectorial cuya legitimidad se puede debatir, mediante una estrategia de victimización que carece de sustento suficiente. Por otro lado, también conviene decir que, por más desproporcionada que pueda parecer la exigencia de renuncia, el problema no radica en la exigencia misma, como parte de la derecha boliviana ha intentado enmarcarlo. Pedir la renuncia de un presidente forma parte del derecho democrático a la libertad de expresión. El problema aquí son los métodos. Una cosa es hacerlo mediante marchas pacíficas y otra, muy distinta, recurriendo a prácticas delictivas que afectan la vida y la integridad de otros conciudadanos.
Así como no se puede homogeneizar a la gente molesta por el destino del país sin atender tanto a su agencia individual como al carácter opresivo de instituciones como la propiedad de la tierra, el sistema de participación política e incluso las tramas del crimen organizado, tampoco resulta riguroso hablar de un gobierno «ultraderechista» que impulsa reformas orientadas específicamente a perjudicar a los sectores populares. Lo cierto es que, a diferencia del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada —en el que prevalecía una percepción extendida de injusticia por el favorecimiento de capitales extranjeros mientras las familias locales debían asumir mayores sacrificios para sostener a un Estado corrupto y fiscalmente irresponsable—, el gobierno de Rodrigo Paz heredó de administraciones autodenominadas populares la obligación de impulsar reformas que, se sabía, afectarían a la sociedad en su conjunto.
A ello se suma que ya casi no quedan grandes capitales extranjeros a los que favorecer, y que precisamente esos capitales que podrían contribuir a reactivar la economía difícilmente pueden ser atraídos bajo las actuales condiciones regulatorias y de inestabilidad. Aquí hubo, sin embargo, un error político puntual del gobierno de Rodrigo Paz, cuyo contenido puede valorarse de distintas maneras, pero cuyo efecto comunicacional fue problemático: anunciar la eliminación del impuesto nacional a las grandes fortunas al mismo tiempo que se preparaban medidas dolorosas para el ciudadano común, como la reducción significativa de la subvención a los combustibles. Puede debatirse el contenido de esa decisión, pero su timing político y la comunicación que la acompañó produjeron el primer gran sacudón en la percepción de injusticia respecto al gobierno de Paz. Este es solo un ejemplo ilustrativo.
El duelo de narrativas viene acompañado por un duelo de éticas en el ejercicio del poder. Según ha demostrado la ciencia política, cuando un presidente se enfrenta a esfuerzos tangibles por acortar su mandato, las salidas típicamente exitosas pasan por rebarajar posiciones de poder, formar coaliciones de gobierno y realizar concesiones legislativas. Desde una ética, puede temerse que ello implique abrir el gobierno a actores que han recurrido al chantaje y a la violencia, mientras la ciudadanía pacífica observa cómo se negocia a sus espaldas. Esa es, de hecho, una interpretación que hoy circula en algunos sectores liberales y conservadores de la sociedad. Desde otra ética, en cambio, esa misma inclusión en el poder puede ser vista como la victoria de una protesta que se excedió en sus métodos, pero cuyas motivaciones de fondo se consideran legítimas. Esa es, en términos generales, la ética de algunos sectores de izquierda. El objetivo aquí no es producir indignación moral —o, según el caso, regocijo—, sino deconstruir lo que todo esto implica para el poder estatal. Se trata de un cálculo político en el que Rodrigo Paz debe hilar muy fino, porque de ello depende su poder a mediano y largo plazo, sobre todo si piensa en una eventual reelección.
Si optara por abrir el gobierno a «los molestos», construir coaliciones con legisladores disidentes de su propio proyecto político —a quienes llamaremos dovish, en alusión al término inglés— y hacer concesiones legislativas, Rodrigo Paz erosionaría todavía más su legitimidad ante sectores más conservadores y algunos liberales. Conviene recordar, sin embargo, que esa legitimidad fue obtenida en el ejercicio del poder. No estamos hablando aquí de sus votantes en el balotaje, sino en buena medida de los de Tuto Quiroga: alrededor del 45 por ciento del electorado. Aun así, Rodrigo Paz necesita a las élites de ese bloque para gobernar con éxito. Si no logra activar sus inversiones, faltará una pieza esencial para salir de la crisis. En un contexto macro distinto, pero con gran astucia política, Evo Morales supo tener, si no en el plano moral, sí en el económico, a estos grupos de su lado. En pocas palabras, no hay misión imposible cuando median grandes intereses económicos.
Si, por el contrario, decide no abrir el gobierno, formar coaliciones con legisladores más combativos frente a «los molestos» —hawkish, nuevamente en el sentido del término inglés— y evitar concesiones legislativas que aborden al menos parcialmente sus exigencias, Rodrigo Paz erosionaría todavía más su legitimidad entre los sectores más izquierdistas y algunos centristas. Hablamos de alrededor del 55 por ciento del electorado. Esa legitimidad, obtenida en las urnas, probablemente no se recupere del todo entre los grupos más radicales, pero sí puede reconstruirse allí donde los beneficios políticos y económicos de acercarse al gobierno resulten tangibles. El gobierno necesita a esas bases para socializar sus iniciativas legislativas sin volver a caer en conflictos que deterioren su capacidad de gestión. Si no logra contener estos estallidos y administrar el país en una relativa estabilidad, faltará también una pieza esencial para salir de la crisis. En otras condiciones macro, pero con gran astucia política, Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora supieron tener de su lado a estos grupos: a veces en el plano moral, otras en el económico. En pocas palabras, tampoco aquí hay una misión imposible cuando existe un interés político fuerte en la estabilidad.
El cálculo del gobierno de Rodrigo Paz se debate, entonces, entre cuánto apoyo económico necesita de las élites empresariales y cuánto apoyo social requiere de los sectores populares con gran capacidad de movilización para alcanzar el equilibrio adecuado entre estabilidad e inversiones, dos variables que, a su vez, se refuerzan mutuamente. El gobierno debe asumir que no habrá manera de contentar a todos; eso lo tenía muy claro Álvaro García Linera cuando articulaba la visión política del gobierno de Evo Morales. Los compromisos políticos son dolorosos, pero constituyen la forma menos incivilizada de hacer política en democracia; permiten un progreso imperfecto o, dicho de otro modo, ayudan a prevenir el caos y la decadencia terminal.
Si Rodrigo Paz piensa en la reelección, el cálculo también pasa por cuánto apoyo puede ganar entre los movilizados menos radicales que logre integrar a su proyecto y entre las clases medias más centristas que alcancen a percibir el dividendo de la paz y la estabilidad. Será difícil que ese dividendo se vuelva visible en el corto plazo, y todo dependerá también del tipo de alternativas políticas que emerjan. Pero ese ya es asunto para otro ensayo y para un cálculo más largo, algo sobre lo que, en un país que vive del día a día tanto económica como políticamente, rara vez existe el lujo de reflexionar con suficiente anticipación.