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Se ha anunciado que hoy comenzará la auditoría de la comisión de la OEA en el marco de un acuer­do con el Gobierno de Bolivia.

Lo primero que llama la atención es que el acuerdo lo firme precisamente una de las partes in­volucradas en la crisis electoral que vive el país.

Y no es un tema me­nor, dado que las condiciones se prestan a una nueva desconfianza en días en que la credibilidad está afectada, particularmente con el principal actor político de este proceso y el Tribunal Electoral, blanco de críticas por su penosa actuación antes, durante y después de las elecciones.

Si bien es cierto que los organis­mos internacionales reconocen a los gobiernos de los países como sus interlocutores formales, en el caso boliviano se debió primero acordar internamente las citadas condiciones con todas las partes interesadas en el tema: los comi­tés cívicos nacionales, el Conade, Comunidad Ciudadana y otras or­ganizaciones.

Eso no ocurrió. En el documento de acuerdo hay varios aspectos que llevan a no confiar en el trabajo de la comisión auditora. Para comenzar, la audi­toría se concentrará en la jornada electoral, ignorando la cadena de irregularidades previas que la mi­sión de observadores de la misma OEA hizo notar en su primer in­forme en conclusiones.

Aún no se ha dicho si los observadores que acompañaron el proceso electoral y que hablaron de la desconfianza y de las dudas del TSE, serán parte de la misión que empieza a traba­jar hoy. Si no la integran, hay más razones aún para desconfiar.

Además, la auditoría se hará “sin menoscabo de la soberanía del Estado y la independencia y au­tonomía del Órgano Electoral”, es decir, no podrá cuestionar al OEP que es el gran sospechoso de haber instrumentado el fraude electoral. 

Luego, el informe se entregará al secretario general de la OEA, Luis Al­magro, personaje siniestro que dio suficientes señales de parcialidad cuando avaló la repostulación ile­gal de Evo Morales y lo acompa­ñó en Chapare con expresiones de elogio en el inicio de campaña del candidato oficialista.

El informe será vinculante, pero llamativamente cualquiera de las partes, es decir el Gobier­no de Morales o la OEA, podrán dar por terminado el acuerdo sin necesidad de justificar na­da con solo una comunicación escrita enviada hasta cinco días antes de la finalización, que por cierto no tiene fecha.

Y, finalmente, la comisión au­ditora cuyos miembros fueron elegidos por Almagro, otra vez Almagro en acción, se encontra­rá con información readecuada entre el padrón electoral, el sis­tema de transmisión rápida de actas y el cómputo oficial final.

Es decir, ya no encontrarán las irregularidades detectadas por un grupo de ingenieros de sis­temas de la UMSA y otros pro­fesionales, que con bastante contundencia demostraron el mecanismo de irregularidades.

En estos días, se supo que va­rias personas que consultaron online los datos de sus actas y el traslado de resultados al cóm­puto, advirtieron que la infor­mación de votos no coincidía. 

Sin embargo, horas después, esa información apareció misterio­samente “corregida”. Las otras bases de trabajo de la OEA tie­nen que ver con la revisión de actas y, hasta donde se sabe, al menos 200 se han extraviado.

Esas condiciones generan desconfianza en muchos sec­tores de la sociedad. 

Por otro lado, dos días antes del inicio de la auditoría de la OEA, el Gobierno envió una carta a Na­ciones Unidas anunciando que Evo Morales ganó las elecciones en primera vuelta. Entonces, si el Gobierno asume su triunfo aún antes de la comisión ins­pectora del organismo, que no asuma que la ciudadanía está obligada a no desconfiar de los resultados de la auditoría.