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La obligatoriedad de portar el carnet de vacunación para acceder a servicios y comercios en el país es la medida más acertada que tuvo el Gobierno en el manejo de la pandemia, porque ha elevado exponencialmente la demanda de vacunas contra el coronavirus de una gran cantidad de personas que, mientras no veían un castigo de por medio, simplemente no mostraban ningún interés por la inmunización.

El Gobierno debió ordenar mucho antes una medida de esa naturaleza, incluso la Alcaldía de La Paz lo pidió así en octubre y las autoridades del Ministerio de Salud se opusieron. De haberlo hecho oportunamente, la explosión de contagios de estos días, que están rompiendo todos los récords registrados en 22 meses de pandemia en Bolivia, probablemente nunca hubiese existido.

Pero no importa, ya señala el dicho: “Más vale tarde que nunca”, y desde el viernes el beneficio de la exigencia del carnet se está viendo en las interminables colas que hacen los ciudadanos en los puntos de vacunación. Son los rezagados, aquellos que con o sin motivo simplemente habían decidido no vacunarse, ignorando los beneficios de las dosis, poniendo en riesgo sus vidas y la de las personas más cercanas en la casa o el trabajo.

Que lo hagan ahora a las apuradas viene a confirmar que en nuestro país la gente no actúa responsablemente por voluntad propia en temas de salud sensibles como la presencia del Covid-19, que ha costado cerca de 20.000 vidas en Bolivia y ha contagiado a 600.000 personas. No había convicciones religiosas o naturalistas, como el caso del vicepresidente David Choquehuanca, sino simplemente desidia, flojera, indiferencia e irresponsabilidad.

Ver esas filas en los centros de salud donde se aplica la vacuna genera sentimientos encontrados de impotencia y de esperanza a la vez. Impotencia y frustración por lo dicho líneas arribas: muchos bolivianos necesitan ver el palo para actuar como ciudadanos informados, maduros y responsables.

Pero a la vez esperanza porque de esta manera, castigo de por medio, Bolivia tendrá pronto un porcentaje elevado de vacunados y eso permitirá descongestionar los centros de atención médica, hará menos demandado el uso de unidades de terapias intensivas y reducirá notoriamente el número de fallecidos por la enfermedad.

Es importante, ahora, que instituciones públicas y privadas actúen estrictamente para exigir el carnet de vacunación a las personas cuando quieran hacer un trámite, entrar al banco, tomar un vuelo o una flota, comprar en un mercado o supermercado o asistir a clases. En la medida que la prohibición se cumpla con firmeza, más personas se verán obligadas a hacerse colocar las vacunas para tener el esquema completo.

Actualmente, sólo poco más de 4,6 millones de habitantes se colocaron la primera dosis. El total de personas en edad de vacunación alcanza a los 10,2 millones, incluyendo mayores, adolescentes y niños mayores de cinco años. Es decir, la primera dosis ha llegado a menos de la mitad de la población en edad de recibirla.

Hay que reconocer que el Gobierno hizo una muy buena gestión en conseguir vacunas: las hay rusas y chinas, compradas en grandes cantidades, y después llegaron de donación la Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer y ahora la Moderna, en una cantidad de 22,5 millones de dosis, suficiente para inyectar con las dosis a toda esa población.

Esta vez se actuó con inteligencia: la vacuna no es obligatoria, pero si no te la colocas serás un ciudadano de tercera, sin acceso a oficinas públicas, comercios, banca, educación ni transporte. Aplausos.

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