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13 de mayo de 2018, 4:00 AM
13 de mayo de 2018, 4:00 AM

En su teoría del contrato social, Rousseau explica que para vivir pacíficamente en sociedad, las personas realizan un acuerdo social implícito por el cual aceptan renunciar a ciertas libertades a cambio de que se les reconozcan ciertos derechos, siendo el Estado el llamado a hacer cumplir dicho contrato. 

Sin embargo, según un estudio realizado por la fundación Construir, con la colaboración de The International Centre for Prison Studies, un 80% de la población carcelaria boliviana no tiene sentencia, la cifra más alta de Latinoamérica y una de las mayores del mundo. Es decir, en nuestro país, el Estado incumple arbitraria y sistemáticamente el contrato social, privando a miles de personas de uno de sus derechos más básicos, la libertad de movimiento, a pesar de no estar probada su culpabilidad y violando el principio universal de la presunción de inocencia.

Sus defensores justifican la detención preventiva alegando el riesgo de fuga, obstrucción a la investigación, o cuando existe riesgo para la víctima o sociedad. Por ende, aunque desafortunadamente necesaria en ciertos casos, esta debiera aplicarse de manera excepcional y como última opción luego de descartadas otras medidas cautelares, como la fianza o el arresto domiciliario y su ámbito de aplicación circunscribirse solo a los delitos mayores.

Lamentablemente, en Bolivia es utilizada por todos los actores del sistema judicial como una poderosa herramienta de extorsión para lucrar a costa de los imputados, y en tiempos recientes también como un arma para destruir a adversarios políticos. Increíblemente, los fiscales la solicitan en un 90% de los casos, por lo que cualquiera está expuesto a prisión ante la sola denuncia.

Existe un principio divino que dice que la autoridad debe proteger a los inocentes y castigar a los culpables. “¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno….Pero si haces lo malo teme; porque no en vano lleva la espada”. Ro 13:3-4. Por eso urge terminar esta práctica abusiva y con el silencio cómplice sobre la materia que ciertas organizaciones de profesionales han tenido hasta la fecha. De lo contrario, la sociedad podría renunciar al contrato social vigente creándose anarquía y violencia. 

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