Hay grupos irregulares armados metidos en la explotación ilegal de minerales. Lo admite el Gobierno. Lo admite después de años de mirar a un costado y de ver cómo subía la tensión y se preparaba este escenario. Una persona fallecida y al menos seis heridos son el precio que cobra el descontrol en este último capítulo de una historia peligrosa.

El problema no es de ahora, data de hace meses. Y no solo es Apolo (en el departamento de La Paz), sino también en otras zonas del parque Nacional Madidi, del departamento cruceño y ahora en el Territorio Indígena y Área Protegida Isiboro Sécure (Tipnis) en Cochabamba. En todos esos lugares hay explotación minera ilegal, violencia y alta contaminación.

La minería ilegal es un hecho y también es un hecho que cooperativas alquilan sus concesiones a empresarios extranjeros. Junto a la explotación ilegal de metales está la trata de personas y una serie de delitos. Eso lo sabe la ciudadanía y lo sabe el Gobierno, porque hay más de un informe al respecto. Incluso el exministro Carlos Romero, vinculó esta actividad con el tráfico de drogas.

Asambleístas y grupos de defensa del Medio Ambiente denunciaron que hay áreas como las mencionadas donde ni siquiera se puede ingresar con libertad, porque hay gente armada que vigila y amedrenta. Eso ya se sabe hace varios meses. El mes de junio del año pasado los medios de comunicación registraron otro enfrentamiento armado en el municipio de Apolo con ocho personas heridas. Un año después se repite la historia, porque nada cambió desde entonces.

Que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) diga ahora que hay grupos irregulares armados no es novedad, salvo para quienes recién se dan por enterados y brillaron por su ineficiencia en los últimos tiempos.
Los grupos irregulares armados también están entre los avasalladores de tierras que hay en el departamento de Santa Cruz, ya se vio en el caso Las Londras y en otros amargos capítulos registrados hace dos años. También están presentes entre las mafias del contrabando, que están mejor equipadas que los militares bolivianos.

Y el narcotráfico también está armado, lo vimos con la gran cantidad de armas de fuego y municiones incautados en los operativos para buscar a Sebastián Marset. Pero eso es solo una parte. ¿Cuánto hay que no se ha descubierto?
El descontrol es desconcertante porque muestra un dejar hacer y dejar pasar que, por ineficiencia o por intereses partidarios, está generando un escenario de violencia que el país lamentará más tarde.
Es un sello nefasto que debe acabar. No se puede seguir permitiendo que las mafias gobiernen el país.