El asedio suicida al sector privado
Por Ronald Nostas Ardaya, industrial y expresidente de la CEPB
Los últimos años han sido muy difíciles para el empresariado privado, principalmente porque evidenciaron con crudeza la situación y condiciones en las que desarrolla sus actividades este sector, que es responsable del 70% del empleo digno y del 60% de toda la economía. Y aunque no se trata de realidades nuevas o desconocidas, la dimensión de la crisis y los cambios estructurales que está viviendo el país, han mostrado claramente el estado de indefensión y de vulnerabilidad de los empresarios formales en Bolivia.
Los conflictos políticos de 2019, con casi 30 días de parálisis, bloqueos carreteros e incluso asalto a industrias, generaron pérdidas de casi 2.000 millones de dólares. Aunque no es comparable, en la actualidad se registra un promedio de cinco conflictos por día, algunos con efectos significativos en las regiones, pero todos, con resultados negativos para las empresas.
La pandemia que paralizó la economía mundial en 2020 y cuyos efectos continúan, desestabilizó al 85% de las empresas; devastó sectores completos como el turismo, la gastronomía y la hotelería, y puso en riesgo extremo al transporte, el comercio exterior y la construcción.
El contrabando, que en 2017 movía $us 2.200 millones por año, hoy alcanza casi los 3.000 millones, casi 7% del PIB, según estimaciones de la CNI. Su incremento ha devastado rubros como la industria textil, maderas y cuero, y recientemente la vitivinícola. Tan solo en el sector de los medicamentos, alcanza al 20% de las ventas; abarca a productos agrícolas de la canasta básica; y explica por sí solo que más del 60% de la economía boliviana sea informal, lo que, además de convertirnos en un país inseguro para las inversiones, destruye al sector productivo y consecuentemente a la iniciativa privada.
Según datos de la Cepal, la inversión extranjera directa ha caído de -217 millones de dólares en 2019 a -1.097 en 2020, la más baja de la región, lo que incide además en la poca diversificación, pobre industrialización y rezago tecnológico. Precisamente dos aspectos que desaniman la inversión privada extranjera y nacional, son la inseguridad jurídica y la desprotección de la propiedad, temas en los que el país ha dado señales negativas con los avasallamientos constantes de tierras y la debacle del sistema judicial.
Bolivia tiene uno de los sistemas laborales más complejos y desequilibrados, basado en una Ley de 1942, y más de medio centenar de normas que, lejos de mejorar las condiciones de los dependientes y animar la contratación, hoy protegen solo al 17% de los trabajadores, mientras que el 83% son informales.
Uno de los resultados de esta situación es la disminución del número de empresas y su precarización permanente. 426 industrias cerraron en 2021, 37% más que en 2020; en su lugar se abren empresas comerciales o de servicio, normalmente unipersonales con poca inversión y sin trabajadores. Si esta realidad continúa, el sistema empresarial formal en nuestro país estará al borde del colapso en algunos años, y las pocas industrias que subsistan entrarán también en la zona de riesgo.
Instituciones como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, las Cámaras de Industria, de Comercio y de Construcción, la Cainco y la Conamype, además de institutos de investigación nacionales, han advertido la gravedad de la situación; y todos los organismos internacionales, incluida la ONU, han expresado claramente que no puede haber desarrollo sostenible, justicia ni bienestar sin la participación del sector privado.
Ninguna de estas voces ha tenido eco en el Gobierno boliviano que, sistemáticamente, se ha negado a realizar un análisis serio sobre la crisis del sector e incluso a reunirse con sus representantes.
En lugar de esto, parece sostener la idea que la informalidad puede sustentar la economía y evitar la crisis, o que la inversión pública es suficiente para garantizar el desarrollo con equidad; recetas que junto a la persistencia de excluir al sector privado formal de toda coordinación, nos pueden llevar al desastre y acelerar el camino a la recesión.
Aunque siempre se pueden enmendar errores y rectificar las políticas del Gobierno sobre el empresariado nacional, los cambios vertiginosos generados por las crisis que enfrentan el mundo y la región, están demandando acciones urgentes que pasan necesariamente por la coordinación, la unidad y la articulación de esfuerzos. Ojalá que cuando se entienda esta realidad no sea demasiado tarde para el sector y para el país.
