El aumento salarial insensato
El 1 de mayo de todos los años debiera ser un día de celebración de los trabajadores y de quienes generan trabajo, pero en Bolivia es un día de contrasentidos: los sucesivos gobiernos del Movimiento al Socialismo han convertido esta fecha en un feriado de anuncios de generosos incrementos salariales muy alejados de las condiciones de la economía y de las empresas para cumplir con esas alzas.
Este año, las empresas ni siquiera se han recuperado aun del gran golpe de la pandemia durante dos años y ya tendrán que pagar un incremento salarial en porcentajes que el Gobierno define unilateralmente con la Central Obrera Boliviana (COB), sin considerar la opinión de los que van a pagar ese aumento, a quienes no se les da la oportunidad de opinar al menos si pueden o no pueden cumplir.
Un estudio de los empresarios de Santa Cruz mostró esta semana que de los 35 sectores productivos del país 20 no se han recuperado de la crisis provocada por el Covid-19 y que por tanto no estarán en condiciones de asumir un incremento salarial.
La COB planteó al Gobierno un incremento del 7 por ciento al salario básico nacional y 10 por ciento al salario mínimo; es decir, como si el país estuviera en un ritmo de crecimiento acelerado, los dirigentes sindicales parecen vivir en otro país, y aun así habría que preguntarse qué país del mundo estaría en condiciones de hacer un aumento de tal proporción después de la pandemia.
El propio Gobierno habla de una recuperación de la economía cuando los hechos muestran que no es así, y hasta anuncia que hay una “probabilidad buena” de que este año se ordene el pago del doble aguinaldo.
La pandemia no es la única razón de la crisis de las empresas; hay un factor adicional que ha puesto cuesta arriba el destino de quienes producen y generan empleos en el país, y es el contrabando: los mercados de Bolivia tienen más productos de contrabando que productos hechos en el país, y ante eso las autoridades han hecho poco o nada.
Pero además están la informalidad, los avasallamientos, las regulaciones que restringen las exportaciones, la presión impositiva, la sobrerregulación laboral, las afectaciones a las cadenas de suministro y hasta los frecuentes bloqueos de carreteras que impiden el transporte oportuno de los productos. Es decir, hay una larga lista de factores que atentan diariamente contra la actividad empresarial y eso también cuenta a la hora de determinar si están en condiciones de cubrir incrementos salariales.
Los sectores afectados, agrupados en las Cámaras empresariales cruceñas, propusieron al gobierno dar un giro en las políticas salariales para cambiar esa forma arbitraria de definir los aumentos salariales y beneficios laborales, desconociendo las posibilidades de quien paga la cuenta.
Es mucho pedirle al gobierno, pero si hay un atisbo de sensatez en algún autoridad, debiera servir para reflexionar que a cambio de un retorno de favorabilidad populista de los trabajadores que verán subir sus ingresos, los incrementos salariales no consensuados con el que los paga no solo colisionan contra la salud financiera de las empresas privadas, sino que también son un atentado contra los cerca de 100.000 jóvenes que cada año concluyen su formación, buscan empleos de calidad, pero que con los golpes anuales a los que generan fuentes de trabajo probablemente se encontrarán con puertas cerradas.
