El caso Fondo Indígena
El decreto supremo N° 28571 de 22 de diciembre de 2005, creó el fondo de desarrollo para los pueblos indígena originario y comunidades campesinas, con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social, que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas. Y le asignaba el 5% de la recaudación proveniente del impuesto a los hidrocarburos, cuyo monto total se incrementaba debido a los precios de la venta de nuestros recursos naturales en el mercado internacional.
Los buenos propósitos de acceder y manejar montos significativos por parte de los pueblos indígenas, pronto fueron echados por la borda, ya que en cuanto ascendió al poder Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (22 de enero de 2006), cambió la filosofía de esta repartición. Este gobierno no solo que echaba mano a estos recursos y, por tanto, dejaron de beneficiarse a los pueblos indígenas, sino que comenzó a instrumentalizar el fondo y sus recursos con fines políticos. Los pocos dirigentes indígenas que accedieron a manejar el fondo, fueron literalmente prostituidos y el gobierno de Evo Morales se llevó la parte del león.
El fondo indígena parece haberse convertido en el caso de corrupción más grande, y que ha contaminado por completo al MAS. Este caso muestra de cuerpo entero el nivel de corrupción e impunidad que había (y hay) en el Estado boliviano. En el mes de febrero de 2015, la Contraloría General del Estado había concluido un informe relacionado a 153 proyectos que no habían sido terminados, pero ya habían sido pagados como si hubieran sido ejecutados. La entidad fiscal detectó que había una lista con más de 2.000 involucrados en el irregular manejo de los 1.100 proyectos aprobados en esta entidad y un posible daño económico de casi 200 millones de bolivianos.
Y como el gobierno de Evo Morales tenía el control total del fondo, permitía no sólo que se pague por adelantado y sin concluir lo pactado, sino que el senador del Movimiento al Socialismo, Jorge Choque Salomé, se inventó la existencia de un pueblo (la población “fantasma” se denominaba Coroxa, en el departamento de La Paz) con el fin de recibir recursos del fondo indígena, según denunció Rafael Quispe.
En 2015, Choque Salomé fue procesado y favorecido con el arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas ya que no había presentado los descargos del desembolso de más de cuatro millones de bolivianos para varios proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados. El gobierno de Evo Morales permitió (y planificó) una estructura criminal, dejando que Bs 685 millones se depositaran a 968 cuentas particulares de autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS.
El directorio estuvo presidido en los últimos años por la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien renunció al cargo después de conocerse uno de los informes, que detallaba el saqueo al fondo, a plena luz del día y por escrito. También formaban parte del directorio la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y la Asamblea del Pueblo Guaraní; además, eran parte los ministerios de Planificación, de Producción, de Economía y de la Presidencia.
A cinco años de conocerse este mayúsculo escándalo de corrupción, los poquísimos jerarcas que estaban detenidos, ya fueron liberados y están en sus casas (algunos haciendo campaña por el partido, que lideraba la “reserva moral” de la humanidad), salvo el denunciante Marco Antonio Aramayo, que sigue detenido en la Cárcel de San Pedro de La Paz. Por cierto, que esté detenido el denunciante, prueba que el Estado boliviano (en materia de corrupción) funciona al revés y que nada alimenta tanto a esta otra pandemia como la impunidad.
