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El caso Jhiery Fernández

William Herrera Áñez 31/5/2021 05:00

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El médico Jhiery Fernández, detenido siete años en la cárcel San Pedro de la ciudad de La Paz, por un delito que no cometió, ha sido absuelto y liberado del injusto proceso penal, y el fiscal general apenas ha ordenado tomar declaraciones a los supuestos involucrados (uno de ellos, el exfiscal Edwin Blanco, ha sido designado juez de La Paz). Y la pregunta natural es ¿quién debe responder por los daños y perjuicios causados con esa detención y procesamiento judicial abusivo, durante todo el tiempo que ha sido privado de su libertad y acusado por un delito que no cometió?

El fiscal general Juan Lanchipa ha verificado que no existen pruebas científicas de una supuesta violación contra el bebé de ocho meses Óscar Alexander, y por eso determinó retirar la acusación contra los médicos José Luis Delgadillo, Sandra Madeni y la enfermera Lola Rodríguez, por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, y contra Jhiery Fernández, por violación.

Lamentablemente este caso no es el único, ni el primero ni será el último. En Santa Cruz ocurrió algo parecido con Reynaldo Ramírez, condenado a 30 años por un feminicidio que no cometió, y cuando fue liberado le dieron un puesto temporal en las oficinas del Ministerio de Justicia. La prensa cruceña registra también que Luis Córdova Marca, pasó 21 años de su vida en la cárcel, sin saber por qué y de yapa ni conoció el Palacio de Justicia. Lo liberaron el 8 de febrero de 2013.

En todos estos casos, el Estado debe resarcir, como responsable subsidiario de los daños causados a los detenidos y condenados inocentes. La acción civil debe comprender: 1) La restitución de los bienes del ofendido, aunque sea por un tercer poseedor; 2) La reparación del daño causado; y 3) La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, y comprenderá siempre los gastos ocasionados a la víctima, para su curación, restablecimiento y reeducación.

Sin embargo, la Constitución establece que en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, debe interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño (art. 113.II). El Estado debe responder por el funcionamiento anormal del sistema judicial y los malos funcionarios encargados de la administración judicial. La acción resarcitoria debe interponerse contra la Procuraduría General del Estado, institución que tiene la representación jurídica e interviene como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas que se activen contra el Estado boliviano.

Aunque existen muchos casos de detenidos y condenados “inocentes” (y muchos culpables libres), son muy pocos los casos en los que el Estado o los acusadores particulares, han resarcidos los daños causados con procesos “fabricados” y la participación dolosa de toda la maquinaria judicial: jueces, fiscales, peritos, abogados, policías, etc., pero existe el procedimiento para lograr reparar esos daños.

Uno de los pocos casos (tal vez el primero) fue cuando la ex Corte Suprema de Justicia, en el juicio de responsabilidades contra el exdictador Luis García Meza, ordenó que el Ministerio Público pague la suma de $us 50.000 al declarado inocente suboficial del Ejército Raúl Solano Medina, acusado del robo del diario del Che.

Y como el obligado se resistía a pagar, éste se declaró en huelga de hambre al frente del mismo tribunal supremo, obligando así a que le paguen los daños causados (sentencia de 21 de abril de 1993 y de 25 de enero de 1995). Y si el Estado no repara los daños causados, se puede interponer una acción internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya ha condenado a Bolivia por daños causados a ciudadanos particulares.

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