El Censo debe ser en 2022
Como un baldazo de agua fría llegó la noticia de que el Censo Nacional de Población y Vivienda no se realizará en 2022, como debería ser si viviéramos en un país institucionalizado y donde los procedimientos se cumplen de manera profesional y no política. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia Claure, dijo que necesita por lo menos tres años para organizar el evento más importante para saber cuántos somos, dónde se ubica la población y todas las características que tiene; es decir, la herramienta básica indispensable para planificar, para distribuir recursos y hasta para definir la representación política nacional.
El funcionario convocó a una conferencia de prensa para dar la noticia y comenzó diciendo que no sabe cuál es la fuente para afirmar que el censo debería realizarse el próximo año, aunque más adelante él mismo admite que es un procedimiento que se cumple cada década. El último censo de población y vivienda fue el año 2012, por lo que se espera que la nueva medición se realice al cumplirse los 10 años correspondientes.
Como ya es habitual en todas las esferas del Gobierno nacional, el director del INE también culpó al anterior Gobierno. Dijo que el año 2020 fue un año perdido para el procedimiento censal. Pero habrá que preguntarle a él y al MAS: si se necesitan tres años o más para realizar esta medición, ¿por qué no se empezó el 2019 o quizás antes? Tampoco ha demostrado mucha prisa para cumplir con el propósito, ya que, para dar inicio a la organización del Censo, se necesita un decreto supremo para la búsqueda de financiamiento y el proyecto de esa norma recién será entregado al finalizar el primer semestre de esta gestión. El último censo costó $us 55,5 millones de dólares y el mayor financiamiento fue del Banco Mundial.
Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística muestran que Santa Cruz es el departamento más poblado y ha sido el mismo director de esta entidad quien ha reconocido que la tasa de migración más alta es la que llega a este departamento. Sin embargo, es también una región castigada porque tiene una fuerte presión por servicios, vivienda, etc., mientras que los recursos que le llegan por coparticipación tributaria no han ido creciendo en relación con el volumen de habitantes; es más, parte de los presupuestos municipales y departamentales han sido cercenados para actividades que deberían ser cubiertas por el Estado nacional.
Mientras el INE se toma su tiempo para organizar el Censo Nacional de Población y Vivienda dentro de tres años, los habitantes que migran en busca de mejores condiciones de vida en otros departamentos seguirán siendo castigados con la saturación de hospitales, con falta de ítems de salud y de educación, con calles sin alcantarillado y una serie de carencias que no deberían existir si hubiera una distribución equitativa de recursos económicos.
Cuesta creer que el anuncio del INE responde a criterios técnicos y no a valoraciones políticas. Cuesta no relacionar esa decisión gubernamental con el hecho de que Santa Cruz (ahora el más poblado del país) sea un departamento opositor al MAS. Y es difícil porque hay que recordar que el candidato masista a la Gobernación, Mario Cronenbold, decía en campaña que había conseguido la promesa del presidente Luis Arce de que el Censo se iba a realizar el 2021 y no en 2022.
Sin Censo en 2022 los recursos de coparticipación seguirán mal distribuidos, sin la medición anhelada, la representación parlamentaria seguirá siendo la misma que hace diez años.
Sin duda, el lamentable anuncio del director del INE no hace más que enardecer el grito por un adecuado pacto fiscal, por que se reconozcan los derechos de todos los bolivianos y que el destino de Bolivia deje de ser tejido al calor de los intereses políticos de un partido político.
