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El pacto fiscal es un imperativo en este momento en el que hacen tanta falta los recursos económicos en los gobiernos municipales y departamentales. Los 55 municipios de Santa Cruz están a punto de protestar desde el martes, porque se les acabó el dinero y porque no sienten el respaldo del centralismo.

La crisis del coronavirus, sumada a la caída del precio internacional del petróleo ha dejado a las alcaldías con recursos mínimos que, a fuerza de pagar gastos corrientes y atender las contingencias del sistema sanitario de sus jurisdicciones, se han ido gastando y dejaron en aprietos a los alcaldes, especialmente en las comunas de menores ingresos, que ya no tienen ni para pagar sueldo a su personal.

Hay que recordar que, en los primeros años de este siglo (entre 2006 y 2008), Santa Cruz lideró la lucha por las autonomías departamentales, entendiendo que el país necesitaba dar un paso adelante al proceso de descentralización administrativa y a la elección de sus primeras autoridades departamentales. Esa pelea tuvo como principal adversario al gobierno central encabezado por Evo Morales Ayma, quien se oponía a este proceso y lo calificaba de separatista. El clamor fue creciendo y a Morales no le quedó más alternativa que apropiarse de la idea, aunque la misma fue distorsionada y, finalmente, la anhelada autonomía quedó en nada, pues la Constitución limita las competencias a los niveles subnacionales.

Ese es el contexto. Los hechos siguieron una ruta contraria al anhelo de millones de habitantes de varias regiones del país. El Censo de 2012 mostraba que Santa Cruz iba creciendo mucho más que el resto de los departamentos; sin embargo, la asignación de coparticipación no iba al mismo ritmo. Es más, en el mismo Gobierno de Morales se recortaron recursos a gobernaciones y municipios para encarar tareas como la exploración de hidrocarburos (el12% de sus ingresos por el IDH), entre otros. Es decir, se fue profundizando el centralismo, aunque el país lleve el nombre de Estado Plurinacional con Autonomías.

Ese centralismo sigue vigente en este momento y es el MAS el que traba la liberación del 12% de IDH a los municipios. Pero no solo eso, tampoco se avanza en el pacto fiscal que permita que los departamentos más poblados reciban recursos del erario nacional acordes a la cantidad de población que tienen. 

Por ejemplo, Santa Cruz es la región más poblada del país, pero se la trata como si no lo fuera. Mientras tanto, los gobiernos subnacionales deben utilizar los recursos que tienen (ahora escasos) para atender la salud, los servicios básicos y todo cuanto se necesita.

Si bien la coyuntura no está como para sumar protestas a la crisis del coronavirus, no es menos cierto que el Gobierno central debe trazar la ruta y agilizar el proceso para efectivizar el pacto fiscal y para descentralizar los recursos económicos que permitan atender los graves problemas de la pandemia y la crisis de recursos que soportan alcaldías y gobernaciones.

El Gobierno nacional dispuso la flexibilización de la cuarentena y para muchos alcaldes esta medida significa dejar en manos de los municipios y gobernaciones en manos de los gobiernos subnacionales. ¿Cómo enfrentar el problema más grave de la humanidad sin recursos?

El MAS debe dejar de hacer política opositora en la Asamblea Legislativa y aprobar la devolución del 12% de recursos del IDH sin más demoras, aunque sus diputados y senadores pretendan alentar la protesta. Por su parte el Ejecutivo, liderado por la presidenta Jeanine Áñez, debe hacer efectiva la creación de un fondo para atender la crisis, el cual ha sido prometido por dos ministros a los alcaldes.

Está visto que el centralismo no es capaz de resolver los problemas de las regiones y es urgente remediar el grave daño causado con la distorsión de las autonomías. Si el debate del pacto fiscal en la gestión de Evo Morales fue un engaño, debe retomarse ahora, más aún si gran parte de los ministros y los legisladores del oficialismo fueron los defensores de este proceso mientras estuvieron en la oposición. Es el paso correcto, es la deuda histórica con las alcaldías y gobernaciones que ahora están asfixiadas y que demandan los recursos necesarios para atender las responsabilidades que se les pretende asignar.