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OPINIÓN

El ciberespacio, las antenas falsas y vulneración a los derechos civiles

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Los servicios secretos hoy en día están más perfeccionados para realizar el trabajo de inteligencia y contrainteligencia, dirigidos por una criptocracia económica-política sin escrúpulos, que utiliza el ciberespacio como el medio estratégico más eficaz para lograr intereses espurios y crear una atmosfera de inestabilidad, en la sociedad, en las familias y las personas. 

La dominación y control del ciberespacio empezó en Europa cuando se creó el 3G, luego EEUU el 4G y actualmente China el 5G. Este último usa elementos auxiliares prácticos como celulares inteligentes, cámaras, drones, sistemas de vigilancia y otros. La Huawei, es la única empresa que fabrica e instala este tipo de sistema, eso le permite controlar países porque verdaderamente esa tecnología es una puerta de fuga de datos confidenciales de los gobiernos y los ciudadanos del mundo, incluyendo el grave riesgo a la salud (según la OMS: nivel cancerígeno 2-B); de tal forma, que gran parte de los ordenadores y celulares, están robotizados y esclavizados por quien los monitorea para fines benéficos como perversos. 

En este ámbito, la organización South Lighthouse, recientemente divulgó un estudio académico “Fake Antenna Detecction” en el contexto latinoamericano y detectó en Bolivia 17 antenas falsas, sin confirmar absolutamente que las mencionadas antenas estarían siendo utilizadas para espionaje, menos que el Ejército de Bolivia sería parte de estas actividades ilícitas; sin embargo, hay antenas y repetidoras en distintas ciudades del país, que deberían operar acorde a un fuerte marco regulatorio, ya que se trata de la seguridad, protección y la soberanía del país. 

Si, por el contrario, se confirma la existencia de ciertas antenas clandestinas, éstas podrían ser utilizadas para: localizar, rastrear, interferir, escuchar y bloquear personas y actividades; consecuentemente se estarían violentando derechos civiles establecidos en la Constitución Política, como el respeto a la intimidad (Art 21.2); y la interceptación de conversaciones o comunicaciones privadas por cualquier medio (art 25.I.II.III). además de la Declaración Universal de DDHH, en su (art 12); y la Convención Americana de DDHH. (Art 11). 

Por consiguiente, corresponde a la Autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes (ATT) y a los servicios de inteligencia del país, investigar y esclarecer el caso a la brevedad, porque finalmente es deber del Estado proteger a los bolivianos, pero al mismo tiempo nosotros como ciudadanos debemos superar ciertas vulnerabilidades y limitaciones que nos impiden salir del charco; la primera es la dependencia de las telecomunicaciones, que nos tiene sometidos a la enorme cantidad de información incluyendo las “fake news” haciéndonos más controlables porque tenemos poca opción de análisis y damos todo por hecho. La segunda: todo lo cuestionamos, a todo nos oponemos y proponemos según nuestros intereses; con esta actitud, ponemos en riesgo la seguridad del Estado, la estabilidad del gobierno y facilitamos el regreso de Evo Morales.