El Deber logo
6 de mayo de 2018, 4:00 AM
6 de mayo de 2018, 4:00 AM

Aunque llevamos cuatro décadas desde que se restableció el sistema democrático en Bolivia, aún tenemos vigente la legislación elaborada por la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez. Tal es el caso del Código Civil, puesto en vigencia mediante Decreto Ley N° 12760 de 6 de marzo de 1975, que ha sido acusado de inconstitucional. 

Que conserve su origen dictatorial y el Órgano Legislativo no lo haya elevado al rango de Ley, pone en duda su constitucionalidad, al extremo que el Tribunal Constitucional ha venido ocupándose de que se constitucionalice (SSCC 82/2000 de 14 de noviembre, y la 0018/2003 de 24 de febrero). Este cuestionamiento comenzó con algunos preceptos y ahora se ha puesto en duda la constitucionalidad de todo el cuerpo legal (SCP 1230/2017 de 28 de noviembre). 

A propósito de la validez, constitucionalidad o inconstitucionalidad de los decretos leyes, el primer Tribunal Constitucional estableció que el Decreto Ley, es en esencia una ley aprobada y puesta en vigencia, mediante decreto supremo, en razón de que en la fecha de su emisión el país era gobernado por un régimen de facto, en el que no funcionaba el Órgano Legislativo, por lo que en su origen es incompatible con las normas constitucionales.  El mismo Tribunal aclara, sin embargo, que muchas de estas leyes han tenido y tienen vigencia plena y constituyen una importante base del ordenamiento jurídico como son los Códigos sustantivos y los Códigos adjetivos vigentes a partir de 1971, que se conoce como la “codificación Banzer”. Esta legislación no ha sido abrogada, ni elevada al rango de Ley por el Órgano Legislativo, de modo que sigue siendo incompatible en cuanto a su forma u origen con las normas de la Constitución.

En todo caso, una disposición legal puede ser inconstitucional por su origen o por su contenido. En el primer caso, cuando en su elaboración y aprobación no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la Constitución para tal efecto. En el segundo caso, cuando la disposición legal, a pesar de haber sido elaborada y aprobada conforme a los procedimientos y formas establecidos por el texto constitucional contienen normas que son incompatibles con los principios y normas de la CPE.

Y como el Código Civil se origina en un gobierno dictatorial, es inconstitucional en su forma pero compatible con la Constitución en su contenido. En este caso, el Tribunal era consciente que si declaraba la constitucionalidad del Código Civil, estaría convalidando actos inconstitucionales, pero si declaraba su inconstitucionalidad, estaría generando un peligroso vacío jurídico. Con el propósito de resolver este entuerto y evitar no sólo la temida inseguridad jurídica generalizada sino también que se anulen procesos judiciales, administrativos, contratos y otros actos jurídicos, el Tribunal declaró a constitucionalidad temporal del Código Civil y exhortó para que subsane los vicios de origen que tiene este cuerpo legal.

Aunque concedió un plazo de cinco años para salvar esta omisión legislativa, determinó mantener vigente el Código Civil, ya que declarar su inconstitucionalidad supondría un vacío jurídico y en este supuesto el remedio podría ser peor que la enfermedad. 

El Tribunal parece haber llegado a la conclusión de que es mejor tener un Código parcialmente inconstitucional, que abrogarlo y expulsarlo del ordenamiento jurídico. En cualquier caso, el Órgano Legislativo (anterior y actual) ha cometido el despropósito de permitir que siga vigente una normativa jurídica cuyo origen ha sido una dictadura militar ni ha querido tomar en cuenta la exhortación de la jurisdicción constitucional para subsanar esta omisión legal, algo inconcebible en un Estado Constitucional de Derecho.  

Tags