Como sucediera a principios de año, movilizaciones callejeras instrumentalizadas por el evismo desde el Chapare, volvieron a provocar violencia en el país cuando está en marcha un proceso que debe desembocar en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto próximo. El último fin de semana tuvieron lugar las exequias de los policías que perdieron la vida cuando procedían a tareas de desbloqueo en el municipio potosino de Llallagua donde fuerzas policiales y militares consiguieron restablecer el orden, la tranquilidad de la población y las condiciones de transitabilidad.
El Ministerio de Gobierno informó sobre la detención preventiva de ocho personas relacionadas con los hechos luctuosos. El comandante general de la Policía, Augusto Russo, advirtió que no habrá impunidad para quienes resultaran autores. También se investiga la muerte violenta de un estudiante a raíz de una golpiza que supuestamente le propinaron los bloqueadores. En tanto, se mantenían nueve puntos de bloqueo en las carreteras de Cochabamba y Chuquisaca.
Además de los hechos violentos, durante los 12 días de protestas con cortes de ruta, se registraron importantes pérdidas económicas que será muy difícil subsanar. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que la afectación principalmente al sector agropecuario superó los Bs 500 millones. “Si esto sigue así, Cochabamba puede terminar como Cuba o Venezuela”, manifestó la presidenta de la Cámara Gastronómica de ese departamento, Denisse Dalence, apuntando a los muy graves perjuicios para el sector por los bloqueos que, además de su impacto negativo en la economía, hacen peligrar más de 30.000 empleos.
Como artífice principal del clima de tensión, violencia e incertidumbre que se ha instalado en el país, es señalado el expresidente y caudillo cocalero Evo Morales Ayma puesto a buen recaudo en su bastión inexpugnable en el trópico cochabambino donde resiste hasta el momento sendas órdenes de aprehensión en su contra porque el brazo de la justicia no puede alcanzarlo para que rinda cuenta de sus actos reñidos con el ordenamiento jurídico y legal del Estado. Desde allí como autodenominado ‘Jefe del Estado Mayor del Pueblo’, Morales Ayma planifica y ordena movilizaciones como las que en los últimos días, por enfrentamientos entre manifestantes evistas y fuerzas del orden, se registraron seis muertos, cuatro policías y dos civiles entre ellos, además de 200 heridos en diferentes circunstancias.
Desde el domingo se cumple una frágil ‘pausa humanitaria’ dispuesta por el denominado ‘Pacto de Unidad’ del evismo en el bloqueo indefinido de carreteras y que el Gobierno calificó de ‘criminal’ por la violencia extrema exhibida por los bloqueadores en Llallagua donde incluso atacaron establecimientos y personal de salud, impidieron la atención médica de heridos en los desmanes y el abastecimiento de insumos esenciales a la población. El Ministerio de Gobierno denunció la presencia de francotiradores que dispararon certeramente contra oficiales de la Policía mientras que Evo negó rotundamente ser el instigador de la violencia asegurando que es ‘enemigo’ de los bloqueos y que estos son producto de un montaje para acusarlo de su autoría. No obstante, advirtió que las medidas de presión continuarán y demandó una investigación internacional para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. De su lado, la Conferencia Episcopal Boliviana formuló un llamado para evitar una nueva escalada de la violencia. “Es urgente detener esta espiral de odio…Bolivia necesita unidad, diálogo, entendimiento; no enfrentamientos ni dolor”, demandó la influyente entidad religiosa.
En pleno proceso electoral, el clima social se ha tornado convulso e inflamado en el país porque un obnubilado por el poder como Morales Ayma, dispuesto al parecer a llegar a los extremos con tal de volver a ejercitarlo, no está midiendo las consecuencias de acercar la llama al polvorín.