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16 de julio de 2017, 4:00 AM
16 de julio de 2017, 4:00 AM

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2016 (caso I.V. vs Bolivia), ha condenado a nuestro país a indemnizar económicamente a la víctima y a cumplir un conjunto de políticas de salud pública. El caso se origina en una intervención quirúrgica a la que fue sometida la señora I.V. en un hospital público de La Paz el 1 de julio de 2000, donde le practicaron una ligadura de las trompas de Falopio, que habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin el respectivo consentimiento informado. 

Esta intervención quirúrgica ha sido definida como una violación a la integridad física y sicológica de la paciente, así como a su derecho a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información y a la vida privada y familiar. Por su parte, el Estado boliviano no ha provisto a la víctima de una respuesta judicial efectiva frente a tales vulneraciones, por cuanto si bien hubo un proceso penal contra el médico cirujano, este no prosperó porque se extinguió la acción penal.
La paciente dice que el 1 de julio de 2000 ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas a la semana 38,5 de gestación y dolor a nivel de la cesárea que había tenido anteriormente en 1982. Debido a que el médico tratante constató que ella había tenido una cesárea previa, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación transversa, decidió someterla a una cesárea. En dicho procedimiento participaron varios médicos, pero fue el residente de tercer año quien fungió como primer cirujano hasta que apareció el instructor y se hizo cargo, según la información oficial.

El esposo de la paciente firmó de forma previa al procedimiento quirúrgico un formulario denominado de ‘autorización familiar para cirugía o tratamiento especial’ respecto a la cesárea. Sin embargo, la señora negó haber otorgado su consentimiento de forma verbal para la realización de la ligadura de las trompas de Falopio, y alegó que el médico decidió sobre su vida y su cuerpo de manera inhumana, pues ligó las trompas de Falopio, incluso con el método más radical, denominado pomeroy, mutilando sus sueños y de su familia. 

El tribunal internacional consideró que el derecho de acceso a la información y el consentimiento informado son instrumentos esenciales para la satisfacción de otros derechos como la integridad personal, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir libremente sobre la maternidad y a fundar una familia. Asimismo, el consentimiento protege el derecho de una paciente a recibir del Estado información relevante y comprensible para que esté en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos de su salud, cuerpo y personalidad, y exige que el Estado obtenga dicho consentimiento ante cualquier intervención en materia de salud.

A tiempo de condenar al Estado boliviano a resarcir económicamente el daño causado a la víctima, la extensa y bien fundamentada sentencia además establece: El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y, específicamente en salud sexual y reproductiva, así como tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a la señora I.V. El Estado debe publicar esta sentencia, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe diseñar una publicación o cartilla que desarrolle en forma sintética, clara y accesible los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva, en la que se deberá hacer mención específica al consentimiento previo, libre, pleno e informado. El Estado debe adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento informado, discriminación basada en género y estereotipos, y violencia de género. El Estado debe, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal Internacional un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 

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