El contrabando nos está matando
*Ibo Blazicevic
Los empresarios formales del país han identificado desde hace años al contrabando como la principal amenaza para el desarrollo de la industria y comercio formal, que actualmente se ha acrecentado en cifras exponenciales por lo que es imperante tomar acciones inmediatas contundentes, con un adecuado manejo de esta crisis (crisis management) y una estrategia de Asuntos Corporativos.
Las razones que contribuyen a crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta actividad ilegal son varias, las principales: la política de mantener un tipo de cambio fijo desde hace 16 años; la devaluación del peso argentino, el real brasileño y el yuan chino; la permeabilidad de la larga frontera de casi 7.000 km, con centenares de pasos ilegales desde los cinco países limítrofes además de China, cuyos productos -principalmente automóviles, línea blanca y negra- ingresan vía Zofri en Iquique.
Además, la conveniencia de fomentar niveles altos de contrabando para ayudar a controlar la inflación; el marco normativo que establece en el art. 181 del Código Tributario, la posibilidad de procesar en la vía penal a los contrabandistas sorprendidos con un tributo omitido mayor a 200.000 UFV (equivale a la carga de 5 a 8 tractocamiones, dependiendo el tipo de mercadería). Asimismo, la complicidad y corrupción de algunas autoridades encargadas de realizar labores de interdicción; la falta de políticas que incentiven la participación municipal y finalmente, la inexistencia del SIN para regular las ventas de productos ilegales en las redes sociales y el marketplace.
Lo que acabo de describir se asemeja mucho a la tormenta perfecta. Sabemos que la mejor manera de combatir el contrabando es hacernos más competitivos, pero modificar el tipo de cambio no parece ser una opción viable para el Gobierno.
Por otra parte, la Aduana reporta que las incautaciones de mercaderías de contrabando en 2022 alcanzan a $us 106 millones, que representan solo el 2,8% de todo el valor que genera el contrabando, estimado en $us 3.600 millones anuales por la CNI, que tampoco cita la fuente, ni la metodología de cálculo de esa cifra, que sería importante conocer y clarificar.
¿Qué hacer ante este complejo escenario?
En días recientes, la Cámara Nacional de Industrias propuso aplicar de manera coordinada entre el sector público y el privado cuatro medidas urgentes para encarar con mayor fuerza la lucha contra el contrabando. Plantea reactivar el Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando presidido por el Ministerio de Economía, también modificar la Ley N° 2492 endureciendo las sanciones penales a los contrabandistas; municipalizar la lucha contra el contrabando; y dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de luchar contra este flagelo nacional.
No parece creíble que un consejo público-privado cambie el statu quo de la situación que no incomoda al Gobierno y donde los gremios tienen poca o ninguna influencia y poco que aportar para mejorar la interdicción, salvo algunas recomendaciones -que se vienen repitiendo desde hace cinco años- y que no se toman en cuenta.
La modificación del art 181 del Código Tributario, reduciendo el valor de las UFV para procesar a los contrabandistas en la vía penal, permitiría incrementar el riesgo para contrabandistas medianos y grandes, con un impacto positivo, pero no cambiaría nada para cientos de miles de pequeños contrabandistas que operan en los mercados informales.
La participación de las FFAA tiene resultados probados cuando existe la voluntad de equipar adecuadamente a los efectivos que realizan labores de interdicción. En agosto de 2019 el excomandante en jefe de las FFAA, William Kaliman, informaba que la lucha contra el contrabando afectó las ventas en la zona franca de Iquique, Chile, que disminuyeron en 10,4% con relación a 2018.
Para complementar, la interdicción en las ciudades capitales. Se debería modificar la norma de Aduana que establece como incentivo a los municipios denunciantes, una retribución de 10% de la mercancía de contrabando, para fines sociales. Equiparar el beneficio para los municipios, similar al de las comunidades con un 40% de retribución, mínimo.
El nuevo canal de venta de contrabando que va ganando participación diariamente está en marketplace y las redes sociales. Es inexplicable la ausencia de fiscalización de la Aduana y el SIN, tan eficientes fiscalizando al comercio formal.
Finalmente, considero que los gerentes y propietarios de muchas empresas que sufren el devastador impacto de este ilícito deben actuar unidos en base a una estrategia de Asuntos Corporativos con expertos en la temática, ya que el impacto directo es en ellos, para ejercer presión de acción y gestión a los gremios, y en otras instancias de Asuntos Públicos que pueden influir en políticas y normas públicas más favorables, que protejan la formalidad y los miles de empleos bolivianos.
*Ibo Blazicevic es Past Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI)
