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El corporativismo asfixia a Bolivia

Óscar Ortiz Antelo 18/5/2021 05:00

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La presión de un grupo de federaciones del transporte pesado y la cesión del Gobierno nacional ante los bloqueos de las carreteras ha tenido como resultado la suspensión de las pruebas para restablecer el tráfico en la ruta férrea Arica–La Paz, que había dejado de operar hace 20 años. Este es el más reciente capítulo de la imposición del corporativismo de algunos sectores por los cuales se inviabiliza el progreso y el desarrollo nacional.

Es una medida a contra ruta de la historia, de la necesidad de modernizar la infraestructura de la economía boliviana y de generar oportunidades de prosperidad para el conjunto de la sociedad boliviana.

No hay dudas de las ventajas que hubiera significado esta operación, se reducen los costos para los operadores del comercio exterior, incrementando su competitividad, se utiliza un medio con mayor capacidad de carga para cruzar la cordillera, ahorrando cantidades considerables de diésel, que el país importa erogando las divisas que les son cada vez más escasas.

Hay que resaltar cuál es la discusión en curso, la utilización del ferrocarril como medio de transporte de carga masivo viene desde el siglo XIX, incluso a Bolivia llegó hace más de un siglo y desde entonces contribuyó a aliviar nuestro aislamiento y nuestra lejanía con los puertos marítimos, contribuyendo a integrarnos con los mercados internacionales. En pleno siglo XXI, incluso en los países desarrollados, está creciendo el uso de los ferrocarriles por su mayor capacidad de carga, sus ventajas en el uso de la energía y consiguientes beneficios para el medioambiente.

El argumento utilizado, según el cual se estarían protegiendo fuentes de trabajo, equivaldría a que renunciemos al uso de los aviones porque así incentivaríamos un mayor uso de los buses y se generaría una mayor demanda de fuentes de trabajo para quienes los conducen.

Pareciera que se está exagerando con el argumento, pero cuando vemos otros ejemplos como el de la oposición de otros sectores del transporte a la importación del petróleo por ductos para ser refinado en el territorio nacional, lo que nos ahorraría cientos de millones y garantizaría un suministro permanente, o que también alrededor de la planta de urea se ha formado un sindicato de camioneros que monopolizan el transporte del fertilizante, impidiendo incluso que los productores agropecuarios puedan recoger directamente la urea que compran para disminuir costos, podemos comprobar el secuestro corporativista a la sociedad boliviana y el suicidio económico en el que caemos reiteradamente.

Esto no quiere decir que no se reconozcan las necesidades de empleo que se tiene entre quienes trabajan en el transporte y en todos los sectores de la economía nacional. Contradictoriamente, este tipo de medidas destruyen los empleos actuales e inviabilizan la creación de empleo futuro al elevar los costos de los sectores productivos y dejarlos fuera de competencia en los mercados internacionales. Por el contrario, si siguiéramos la vía positiva de promover el crecimiento de la producción nacional y las exportaciones, no solo habría más empleos para los transportistas, sino para el conjunto de la economía por el gran efecto multiplicador que tiene el comercio exterior.

Tampoco quiere decir que se desconozcan las ventajas que tiene el tan extendido espíritu de asociatividad que caracteriza al pueblo boliviano, por el cual se superan las grandes dificultades para prosperar individual y colectivamente, muchas de las cuales vienen de nuestra estructura estatista. Sin embargo, cuando simplemente se protegen los intereses de algunos dirigentes que se aprovechan del control que tienen sobre las rutas de transporte, como el negocio de las cisternas del diésel, no se está defendiendo el interés nacional, sino perjudicando a todo el país.

Bolivia necesita modernizarse en su visión de economía y de desarrollo si queremos generar los empleos sostenibles y de calidad que necesitan los ciudadanos.



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