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El presidente Luis Arce celebra hoy su primer año en el Gobierno con un informe de gestión en la Asamblea Legislativa, mientras en las calles y carreteras del país se cumplirá un paro indefinido declarado por trabajadores gremiales, del transporte y los comités cívicos en rechazo a varias leyes que el MAS lleva adelante sin consensos y que despiertan la susceptibilidad de las verdaderas intenciones de algunas de esas normas.

Bolivia en paro, una vez más, implica una enorme pérdida económica para el país y para los propios trabajadores que intentan recuperar sus golpeadas economías tras un año y medio de pandemia y crisis; pero es el costo también de la confrontación, de una manera de gobernar de espaldas a la población y a los sectores organizados, con una prisa que a todas luces tiene más intenciones políticas para destruir a los adversarios que para beneficio, propiamente, del país.

Ingenuamente el Gobierno trata de descalificar las medidas de protesta en su contra con el argumento del perjuicio de los paros para la economía, en un actitud de frontal incongruencia con lo que fue el proceder del MAS durante toda su vida política en oposición: si alguien dio cátedra en Bolivia de cómo bloquear, cómo hacer paros y cómo provocar pérdidas económicas al país, fue precisamente el partido de Evo Morales, que hoy hace cálculos con cifras llenas de ceros para cuantificar los perjuicios.

También se intenta desacreditar el paro con el argumento de que estaría en marcha un golpe de Estado, argumento a estas alturas infantil de alguien que no sabe cómo salir de sus desaciertos en la conducción del país, o que se dice probablemente solo para convencer a sus propios adherentes del área rural, que quizá son los únicos que podrían considerar como válida esa teoría delirante.

Más allá de los excesos del discurso político en los que el MAS también es especialista, lo concreto es que hay un conjunto de leyes que empoderan más al Gobierno central, que pulverizan las autonomías vigentes en el país, que ponen en riesgo el patrimonio de varios sectores económicos y que convierten al Ejecutivo en un superpoder con capacidad de legislar con decretos supremos, inutilizando así a la Asamblea Legislativa.

No es poca cosa. Y no es para menos que sean los propios sectores económicos aliados del MAS los que llevan la delantera en el paro en teoría indefinido: gremiales y transportistas han sido tradicionalmente aliados incondicionales de este partido gobernante. En todos los procesos electorales de los últimos 16 años ambos sectores han votado por el MAS e incluso sus dirigentes han ocupado posiciones en el Ejecutivo y el Legislativo.

Arce viene de sufrir algunas derrotas recientes, como la anulación del tratamiento de una ley también relacionada a las ganancias ilícitas que tuvo que ser retirada ante la presión social.

Quizá por esa razón las autoridades dicen ahora que no retirarán la ley 1386 ni las otras normas cuestionadas. Pero en política una cosa es lo que se dice, y otra muy distinta es lo que hace. De momento, el primer aniversario de un Gobierno que prometía mucho pero deja una sensación de frustración y desencanto, se vivirá con más tensiones que celebración, que es algo así como disfrutar de una fiesta sin invitados y con los vecinos molestos por el ruido.

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