Una de las definiciones de ‘crimen organizado’ se refiere a una actividad o emprendimiento delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y niveles de estructuración que se articulan, generalmente, en torno a intereses y negocios económicos. También se lo relaciona con las actividades ligadas al narcotráfico y los métodos violentos que suelen ser empleados en el terreno de una actividad muy lucrativa y con el músculo robustecido en casi todo el planeta.
Por sus características, según análisis preliminares, el asesinato del capitán de Policía, José Carlos Aldunate Meneses, ocurrido el pasado miércoles, a plena luz del día en una zona acomodada de Santa Cruz de la Sierra, puede estar ligado al crimen organizado. La suya fue una ‘muerte por encargo’. Lo deja entrever la participación de dos avezados sicarios que, a sangre fría, acribillaron al uniformado cuando éste abandonaba su vivienda a bordo de un vehículo para trasladar a su pequeña hija al colegio. Sus pasos habían sido cuidadosamente estudiados por sus asesinos.
Al abrir el portón del inmueble, la vagoneta que conducía Aldunate Meneses fue interceptada por otro vehículo de parecidas características que le cerró el paso y del que luego descendieron, con los rostros cubiertos, dos sujetos armados que dispararon sus armas repetidas veces contra su humanidad, sin darle tiempo para defenderse ni a buscar protección al interior de su domicilio. Recibió numerosos impactos de bala que casi instantáneamente acabaron con su vida. En la escena se recolectaron hasta 27 casquillos de proyectiles, dando cuenta de lo cruento del ataque perpetrado.
El padre del malogrado capitán negó rotundamente que su hijo tuviera nexos con actividades ilícitas porque, según él, era una persona “sensata”, “honesta” y un “profesional idóneo” que se formó con las notas más altas a su paso por la Policía boliviana, obteniendo el primer puesto de su promoción en el grado que ostentaba. También confirmó que el oficial estaba en ‘comisión de servicio’ trabajando para el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera y que tenía en custodia el lujoso motorizado en cuyo interior fue acribillado.
Aguilera, con su habitual grandilocuencia y sus declaraciones que parecen ir más rápido que las investigaciones, descartó de plano un ‘ajuste de cuentas’ para luego atribuir el impactante suceso a una ‘vendetta’ del crimen organizado. Incluso identificó a dos hermanos como los supuestos sicarios del capitán, unos exreclusos que fueron involucrados hace cierto tiempo, en el ataque contra un testaferro del connotado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien vivía muy a sus anchas en Santa Cruz de la Sierra, antes de darse tranquilamente a la fuga, con paradero hasta hoy desconocido, cuando fue descubierto.
Uno de los sujetos implicados por Aguilera envió un video grabado en el que niega rotundamente haber participado, junto a su hermano, en el ajusticiamiento del policía. El viceministro advirtió que el hecho de violencia no quedará impune antes de anunciar, para su esclarecimiento, la participación de un equipo selecto de investigadores policiales. El hallazgo del motorizado utilizado por los sicarios puede considerarse como un primer avance de las indagaciones. Luego fue allanado un hangar en el aeropuerto de El Trompillo bajo la presunción de que los gatilleros abordaron una avioneta con matrícula falsa para escapar probablemente al departamento de Beni.
Siendo evidente hasta cierto punto, es muy riesgoso ignorar o subestimar la presencia del crimen organizado donde encuentra condiciones ventajosas para operar y se atribuya a simples ‘emisarios’, -tal como antes lo hiciera un exministro de Gobierno,- el azote de violencia que se viene descargando sobre la comunidad cruceña. Una comunidad que, con temor justificado, demanda mayor control y garantías de autoridades e instancias del Gobierno nacional para recuperar la paz y tranquilidad que el delito, en sus distintas formas, le tiene arrebatadas.