El Deber logo
1 de octubre de 2017, 4:00 AM
1 de octubre de 2017, 4:00 AM

La acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por asambleístas demanda la ‘inaplicabilidad’ de los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, que tienen su base en los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución, alegando que contradicen los arts. 26 y 28 de la misma CPE y los arts. 1.1, 23, 24 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica,  porque la Constitución atentaría los ‘derechos políticos’ a ser  elegidos al que tendrían  las autoridades electas por voto directo.  

Se arguye la presunta violación de la CPE y el Pacto de San José, pero el Tribunal Constitucional puede rechazar la acción In Limine argumentando su falta de competencia (art. 202 CPE) para anular los arts. 26 y 28 de la CPE; (reforma parcial o total corresponden a la Asamblea Constituyente o Asamblea Legislativa) y por la decisión de un referéndum. En caso de que el TCP decida conocer la acción, obligatoriamente deberá ceñirse a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH debido a que esta es vinculante para los jueces y funcionarios públicos de Bolivia (las sentencias de otros países carecen de vinculatoriedad para las autoridades bolivianas). La jurisprudencia de la Corte de DDHH es en el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, en el que se demandó la conculcación de los derechos políticos del senador Manuel Cepeda, alegándose que sufrió una violencia sistemática en su condición de comunicador social y líder del Partido Comunista cuando fue elegido senador para el periodo 1994-1998; empero, el 9 de agosto de 1994 fue asesinado. El móvil del crimen fue su militancia política y por sus denuncias.  El 10 de mayo de 2010 la  Corte de DDHH falló a favor de los demandantes fundamentando: “La convención protege los elementos esenciales de la democracia, entre los que están el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”. Entre otros derechos políticos, el artículo 23 de la convención protege el de ser elegido, el cual supone que el titular de los derechos tenga la oportunidad real de ejercerlos, para lo cual debe adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones para su pleno ejercicio”.

Ante la posibilidad de que el TCP  conozca la acción en análisis y decidiera acceder a las pretensiones de los accionantes, debería fundamentar su fallo indicando el ‘hecho’ que lesionó el derecho de las autoridades electas por el voto directo, más aún cuando a la fecha no se ha lanzado ninguna convocatoria electoral y para que materialmente se haya impedido el derecho a ser elegido. 

Tags